EscucharUna clave por radio es suficiente para dar la alerta. A partir de ese momento, decenas de taxistas se unirán al operativo para poner en práctica -de ser necesario- la que han denominado la "piñata", es decir, una paliza de escarmiento para robacarros y asaltantes, que estaría al filo de la ley.
Fue de esta forma, como alrededor de 100 hombres se convirtieron en jueces antier en la noche y parte de la madrugada de ayer, cuando tres jóvenes fueron vapuleados luego de que supuestamente robaron el taxi SJP 3805 de la empresa CGT que era conducido por Wálter López Madrigal.
Los sospechosos, identificados como Carlos Arguedas Marín, de 17 años; Christian Calvo Oses, de 18, y José Rudy Martínez Villalobos, de 19, fueron interceptados ayer, a las 2 a.m., en carretera vieja a Santa Ana. De allí fueron trasladados por una unidad paramédica de la Cruz Roja al hospital San Juan de Dios.
Según la central de comunicaciones de esa institución, los dos primeros presentaban traumas y golpes múltiples, mientras que el último tenía un impacto de bala en el muslo izquierdo. Todos se encontraban ayer custodiados en el centro hospitalario por efectivos de la Fuerza Pública, como posibles acusados del delito de robo agravado.
Un gremio leal
Los tres supuestos asaltantes formarían parte de un grupo grande de hombres pasados por la "justicia" de los taxistas, quienes han creado un sistema de protección cada vez que uno de sus miembros es atacado o corre situaciones de peligro.
De acuerdo con representantes de tres empresas consultadas ayer por La Nación, el sistema se implementó ante la poca efectividad policial, las dificultades de comunicación con los cuerpos de socorro y la desconfianza en el sistema judicial.
"Nosotros contamos con un canal de emergencia, por el cual el operador le avisa a todos los demás taxistas que uno está en peligro. Ahora ya no se llama a la policía porque no es rápida. Los mismos compañeros hacen los cierres y si agarran a los asaltantes hacen la piñata", explicó Yelli Barrientos, de la compañía CGT Taxi.
En esta empresa, explicó Barrientos, se presentan de seis a siete asaltos por mes. Entre ellos, citó el caso de la unidad SJP 3793, vehículo que apareció quemado en Guápiles, Pococí.
Para Mireya Zúñiga, gerente de Coopeirazú, esta es la única forma de defensa porque "dolorosamente la policía no reacciona como se requiere", y aunque buscaron otros mecanismos de protección, ninguno dio resultado.
Zúñiga recordó además el caso de uno de los afiliados, quien el 24 de diciembre de 1994 fue brutalmente asesinado en las cercanías de La Fosforera, en Heredia, sin que el caso se esclareciera.
Por su parte, Carlos Mora, de Coopetaxi, explicó que en ocasiones solicitan ayuda por medio de la Central Unica de Emergencias 911, donde les hacen tanta pregunta que pierden tiempo valioso. No obstante, destacó que si en algún momento tienen comunicación directa con las radiopatrullas, de inmediato los efectivos de la Fuerza Pública actúan.
Al borde de la ley
Lo que para los taxistas es una lógica prestación de ayuda y escarmiento para los delincuentes, está al borde de la ley, tal y como lo adviertieron Mario Zamora, del Departamento de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública, y el penalista Luis Fernando Burgos.
El problema, según Zamora, es que los taxistas puedan degenerar en grupos comparables a lo que en otros países fueron los paramilitares, razón por la cual en un Estado de derecho no pueden permitirse acciones de este tipo.
Para él tales conductas son muy distintas al arresto civil, en donde se puede detener a una persona que esté cometiendo un delito, haciendo uso racional de la fuerza y luego entregarlo a las autoridades.
De esta forma, agrega el penalista Luis Fernando Burgos, los taxistas podrían estar mal interpretando el artículo 28 del Código Penal que establece que no comete delito quien ejecute actos violentos para impedir una agresión en su perjuicio o de terceros.
De lo contrario, podrían incurrir en otro tipo de ilegalidades como privación de libertad, lesiones y hasta homicidio.
