Acueductos y Alcantarillados recibió luz verde para subir de ¢1.456 a ¢4.696 la tarifa de reconexión que cobra a los usuarios a quienes se les suspende el servicio de agua por falta de pago pero que luego piden restablecerlo.
El incremento es de un 222,5 por ciento y rige desde el 3 de abril, cuando salió publicado en el diario oficial La Gaceta .
La solicitud original presentada en noviembre pasado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) era incrementar el costo de las reconexiones a ¢7.716, pero luego se fijó el costo en ¢4.696.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) suspende el servicio a unos 31.000 abonados cada mes, pero solo 24.000 acuden a reinstalarlo el mismo día del corte.
Dicha entidad tiene 461.529 abonados en el país y cubre una población de 1.892.272. Actualmente desarrolla un programa contra la morosidad en el que corta el agua a los usuarios al cumplir dos meses de no pagar.
Además de pagar el recibo o los recibos pendientes, los afectados deben abonar los ¢4.696 de la reconexión.
Sin embargo, si los montos adeudados son muy altos, pueden llegar a un arreglo de pago con AyA para pagar por partes y sin intereses, indicó Gonzalo Murillo, director comercial del área metropolitana.
Cabe destacar que la tarifa por restablecer el servicio se divide en dos partes: la suspensión y la reconexión. Son ¢2.348 por cada operación, pero se cobra como una sola.
De los 24.000 abonados que piden reconexiones de agua cada mes, 14.000 corresponden al área metropolitana y 10.000 a las áreas rurales, informaron Gonzalo Murillo y Alcides Prado, directores comerciales de AyA.
Esas tarifas no eran actualizadas desde el 10 de julio de 1996. AyA solicitó el alza para cubrir los costos de operación.
Fraudes y fuentes externas
Dentro la actualización de tarifas, AyA también quedó autorizado para imponer un cobro de ¢9.517 a quienes hagan conexiones fraudulentas de agua.
Asimismo, la Aresep también le aprobó cobrar ¢2.450 adicionales a los usuarios que requieren de un tubo de agua externo cuando les cortan el servicio.
A esto se le llama “tarifa por fuente pública”. Consiste en instalar, fuera de la casa del abonado, un tubo de agua para que no se quede del todo sin servicio y cubra sus necesidades básicas.
Esto es por mandato de la Sala Constitucional.
Sin embargo, la “fuente pública” se cobra en pocas ocasiones, señaló Murillo, pues no se instala cuando el usuario se pone al día de inmediato.
Además, muchas veces, una misma fuente sirve a varios vecinos, de manera que la tarifa se divide entre más de uno.