Víctimas de insecticida suman 22 años tras una indemnización

Ellos se consideran excombatientes. Años después de haberse abolido el ejército, salían de sus hogares por semanas y hasta meses con la meta de aniquilar a su enemigo.

Sin embargo, su lucha no fue bélica, sino una guerra por la salud, con la misión de erradicar la malaria y la fiebre amarilla. En lugar de balas, disparaban el insecticida dicloro difenil tricloroetano, mejor conocido como DDT.

Entre 1957 y 1986, cientos de hombres participaron de las campañas del Ministerio de Salud para erradicar esas enfermedades letales transmitidas por mosquitos.

Al tocar e inhalar el polvo blanco sin guantes ni mascarillas, desconocían que su toxicidad era tal que décadas después ingresaría a la lista de sustancias que deben eliminarse del planeta, según el Convenio de Estocolmo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Algunos “excombatientes” ya murieron, pero otros, canosos y arrugados, alegan que ese polvo blanco que –les aseguraron– era inocuo, es causante de numerosas secuelas físicas que padecen ellos y sus familias.

Unión. Para luchar por la indemnización que creen que el Estado les debe, sumaron sus esfuerzos en la Asociación de Combatientes de la Malaria y Fiebre Amarilla (Acomfa), que hace 22 años persigue una retribución económica para sus integrantes.

Marta Montero, hija de un fumigador difunto, asumió la presidencia de la asociación en el 2005 y le subió la intensidad al movimiento, convencida de que los sobrevivientes de esa lucha merecen un reconocimiento monetario.

“Gracias al trabajo que hicieron estas personas, hoy no hay casos de malaria o fiebre amarilla aquí. Nosotros ganamos salud, pero ellos la perdieron”, aseguró Montero.

Bajo su liderazgo, en el 2008, Acomfa canalizó la petición a través del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), que propuso un proyecto de ley que indemnizaría a los exfumigadores.

Aunque ese proyecto nunca se concretó, el diputado Víctor Emilio Granados retomó la causa y en julio organizó una ceremonia para declarar “ciudadanos de honor” a los 230 asociados de Acomfa.

Además, en octubre, el PASE presentó otro proyecto que ampliaría la indemnización a una pensión de invalidez, vejez o muerte.

“Lo que pedimos es que, al igual que se hizo con los excombatientes de guerra, se les otorgue una pensión a quienes participaron en la lucha contra la malaria, con cargo al Presupuesto Nacional”, explicó Víctor Emilio Granados.

Sin destruir. En el enero del 2006, trascendió que aún había 8.500 kilos de DDT almacenados en una bodega del Ministerio de Salud.

Seis meses después, Costa Rica ratificó el Convenio de PNUMA, en el cual asumió el compromiso de inventariar las sustancias prohibidas por el documento y ejecutar un plan de eliminación.

Sin embargo, Costa Rica aún no ha concretado el proceso de eliminar el DDT, según confirmó la directora de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente, María Guzmán. Se intentó, por varias vías, preguntarle a la ministra de Salud, María Luisa Ávila, por qué el DDT permanece en bodega, pero no contestó las consultas.