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"Migración a ¢1.000, migración a ¢1.000”, anunciaba un taxista la mañana de este martes 4 de agosto sin parecer tener que ocultar nada mientras recorría de un lado a otro la fila de pasajeros que estaba por abordar el autobús de la ruta que circula entre San José y la sede de la Dirección de Migración y Extranjería en La Uruca.
Este taxista ya tenía un pasajero "apuntado" y esperaba llenar los tres campos restantes para ofrecer el servicio, pese a que esta práctica está prohibida en nuestro país.
"Los buses van muy llenos o a veces uno viaja corto de tiempo, es una buena opción porque de otra forma yo no podría pagar el servicio directo", aseguró Etelvina Cruz, una nicaragüense que esperaba que el taxista completara el cupo y la llevara a su destino por ¢1.000.
Los servicios colectivos ofrecidos por taxis rojos, son cada vez más comunes en San José y también son habituales en otras zonas rurales del país, sin embargo son ilegales.
Frente a la demanda de los usuarios y la oferta del servicio ilegal, una iniciativa de ley pretende regularlo, la misma apenas inicia su trayecto en la Asamblea Legislativa, y promete férreos defensores y detractores. ¿Qué posición asumirá el usuario?
En la capital, por ejemplo, por las tardes y sobre todo en la noche, cuando la parada de los autobuses de Lumaca se vuelve un "calvario" para los habitantes de la Vieja Metrópoli que trabajan en San José, taxistas rojos ofrecen viajes a Cartago a ¢3.000 por persona.
Los viajes generalmente salen desde las cercanías de la parada, por el bar Chelles en la avenida central o frente al Teatro Nacional.
En caso de que una sola persona debiera pagar el servicio a Cartago, la "maría" podría marcar unos ¢16.000, según dijo un taxista que no quiso ser identificado, pero también ofrecen una tarifa especial "sin maría" a ¢12.000.
La escena se repite en otros puntos como las cercanías del parque Morazán, donde en horas pico se presta servicio a San Pedro u otros lugares del este de la capital con tarifas que van desde los ¢700 por pasajero en adelante; cerca de La Sabana se ofrecen viajes a Heredia desde ¢1.500 o cerca de las paradas de La Capri en San José, donde el servicio también se anuncia por la libre.
Servicio que se demanda. Al igual que Etelvina, otros usuarios consultados aseguran que existe una necesidad de esta modalidad, pues muchos no cuentan con los recursos para pagar un viaje completo y los servicios de buses muchas veces resultan deficientes.
"Pagar un taxi a Cartago para una persona sola sería prácticamente imposible, en cambio si se hace entre varios es más accesible y a veces es necesario cuando se viaja con poco tiempo u otra situación especial", aseguró Alfredo Camacho, otro de los usuarios de este tipo de servicios.
Sin embargo, para los autobuseros esta práctica es vista como competencia desleal y "definitivamente" requiere de una discusión integral.
Así lo manifestó la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, Maritza Hernández, quien aseguró que por tratarse de un servicio público debería estar regulado.
Además, dijo que este tipo de viajes representa inseguridad para los usuarios.
Por su parte, Gilbert Ureña, vocero del Foro Nacional de Taxistas, aseguró que es falso que se ofrezca el servicio por parte de taxis rojos o que al menos en su caso desconoce sobre esta situación.
"El taxista sabe todo el perjuicio que trae que nuestro sector se preste para dar el servicio colectivo (...) cuando usted ve que hay microbuses prestando el servicio a vista y paciencia de las autoridades de tránsito, haciendo colectivos, desplazando a los taxis y a los autobuses, son cientos de compañeros que desean hacer esos colectivos pero si lo hicieran inmediatamente son sancionados", aseguró.
Fuerte sanción. De acuerdo con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y pese que en algunas zonas del país el servicio colectivo lleva años de existir, esta modalidad está prohibida en todo el territorio nacional.
Según el intendente de Transportes, Enrique Muñoz, actualmente se están investigando casos en Cartago y recientemente se sancionó a un concesionario en Grecia, Alajuela.
Quienes ofrezcan un servicio público no autorizado se exponen a sanciones que van desde cinco a 20 salarios base mínimos o en caso de determinarse así, desde cinco a 10 veces el daño causado.
Además en caso de reincidencia podrían perder la autorización para prestar el servicio.
En el Consejo de Transporte Público (CTP) indicaron que en lo que va del año, solo han recibido una denuncia, presentada por una empresa que alegó competencia desleal. Esta fue remitida a la policía de Tránsito.
Por su parte, el director de Tránsito, Mario Calderón, afirmó que realizan operativos en conjunto con el CTP, de acuerdo a las quejas que estos reciban.
En caso de detectarse irregularidades se levanta la información que es enviada al CTP para las sanciones correspondientes.
Iniciativa. Precisamente con el objetivo de regular un servicio que es prestado por la libre y pese al conocimiento de las autoridades, el diputado Antonio Álvarez Desanti, presentó un proyecto de ley que regularía la actividad de taxis colectivos.
El documento pretende reformar varios artículos de la ley reguladora del servicio público de transporte de personas en la modalidad de taxi.
Los principales cambios se enfocan en la creación de rutas y paradas establecidas en las que se permita a los taxis ofrecer el servicio colectivo y solicitar a la Aresep que fije tarifas que se deben cobrar a los pasajeros desde las bases operacionales a los puntos establecidos.
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"Lo que se está tratando es darle un instrumento a los taxistas regulados, es una posibilidad no es una obligación", afirmó Desanti.
El proyecto que fue presentado el pasado 12 de junio, no ha sido convocado ni visto en alguna de las comisiones, explicó Desanti.
El dirigente de los taxistas, aseguró que ellos analizaron el documento en su asamblea y que este no es visto con buenos ojos.
"El taxi nació como un servicio personalizado (...), estamos viviendo una delincuencia nunca vista para que podamos hacer un servicio colectivo donde no sabemos quienes son los que suban para asaltar a los que ya se habían subido, la asamblea determinó que son más los contra que los beneficios que nos podría traer", afirmó.
Según Ureña legalizar esta modalidad generaría una competencia desleal entre los mismos taxistas y reduciría las opciones laborales en el gremio, pues se requerirían menos taxis.
