La posibilidad de que en Costa Rica operen autobuses eléctricos en rutas regulares se ve todavía lejana, según las conclusiones a las que llegaron autoridades estatales y empresarios, este lunes, durante un foro sobre la modernización del transporte público en la época pospandémica, organizado por la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).
Falta de claridad en el modelo o de legislación adecuada para ordenar el proceso de cambio, así como el costo de los vehículos fueron las principales razones esbozadas.
La única experiencia de uso de estos automotores no contaminantes se dio en febrero de 2021, cuando se echó a andar en al país un plan piloto con tres buses eléctricos donados por el Ministerio de Ambiente alemán. Estos se pusieron a funcionar en algunas rutas regulares para ver su desempeño, sin que de aquel ensayo se avanzara hacia un modelo de negocio capaz de introducir poco a poco esta tecnología.
José Poltronieri, director de operaciones del Grupo Autotransportes Desamparados (ATD), afirmó que las empresas no pueden asumir solas la alta inversión que implicaría optar por autobuses eléctricos y además su impacto en las tarifas.
Por ejemplo, dijo,10 autobuses eléctricos hoy cuestan unos $3 millones, lo que se traduciría en un aumento significativo en las tarifas para los usuarios y disuadiría a los transportistas de adquirirlos.
Para Édward Araya Rodríguez, Intendente de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), lo que falta es que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) emita una directriz de modernización del transporte público para impulsar la implementación de esta tecnología y superar los obstáculos financieros y de operatividad que hay en este momento.
“Esto tiene que ver con planificación del transporte público y diseño, según necesidades de los usuarios y el país. Aquí no hay modelo de negocio. Sí muchos estudios pero modelo de negocio, no”, afirmó.
Araya advirtió que sin ese diseño de modernización y modelo de negocio claro, no es posible dar el salto a autobuses eléctricos en rutas regulares.
Según dijo, desde 2018 la entidad realizó un estudio con la colaboración del Banco Mundial y Deloitte de España para evaluar los costos tarifarios de introducir los automotores.
En el país, casi dos millones de personas usan diariamente el servicio de autobús.
Otro aspecto fundamental, en criterio del viceministro de Energía, Ronny Rodríguez Chaves, es asegurar el despliegue de los centros de recarga de los autobuses eléctricos antes de su implementación en rutas regulares.
“Aquí desconocemos de ese tema. El plan piloto probó que los autobuses funcionan pero el problema es crear la infraestructura y que el empresario lo pueda hacer. Sin embargo, eso solo sería posible con apoyo del Gobierno. Nos centramos mucho en los autobuses y eso es un error”, advirtió.
Por eso, Rodríguez propuso la creación de alianzas público-privadas para construir una red de centros de recarga, pero destacó la importancia de definir cómo se utilizarían estos centros, establecer un reglamento claro y definir cómo operarían en conjunto con los concesionarios de las rutas que estarían a cargo de estas instalaciones.
También reconoció como obstáculo para avanzar, la escasez de financiamiento climático para subsidiar la compra de estos vehículos y la construcción de los centros de recarga. Esta falta de financiamiento ha sido uno de los pendientes del plan piloto con los autobuses alemanes.
Sin embargo, antes que todo eso, lo que hace falta reformar “leyes obsoletas”, advirtió Eric Bogantes Cabezas, regulador general de servicios públicos. Recordó que los cambios normativos son necesarios para proporcionar un marco legal adecuado y brindarle seguridad jurídica al sector privado interesado en participar (autobuseros u otras empresas, indicó).
”Creo en las buenas intenciones del Consejo de Transporte Público, del Minae y del MOPT, pero nos falta gobernanza. A lo mejor la política pública desde el Ejecutivo no alcanza, quizás falta modificaciones de ley para darle seguridad jurídica a quien invierta en esta nueva infraestructura”, planteó.
ICE evalúa negocio
Desde noviembre de 2022, los tres autobuses eléctricos donados brindan servicio de transporte entre Liberia y el aeropuerto Daniel Oduber Quirós en Guanacaste gracias a un convenio establecido entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la empresa Grupo Caribeños.
El ICE tiene la intención de evaluar el rendimiento de estas unidades como parte de su propio proceso para encontrar un modelo de negocio viable, basado en arrendar unidades eléctricas a los operadores de autobuses con el fin de introducir la tecnología no contaminante en Costa Rica.
El 23 de junio pasado, el ICE anunció su interés en recibir ofertas de empresas y operadores, junto con las especificaciones técnicas posibles de los autobuses eléctricos, el tipo preliminar de unidades a utilizar, la infraestructura requerida para la provisión de energía y las plataformas tecnológicas para la carga de los vehículos, entre otros aspectos.
La idea de que el ICE asuma la compra de los autobuses para luego alquilarlos a las empresas de transporte público había sido una de las recomendaciones presentadas en el informe del plan piloto que se realizó con los vehículos donados por Alemania.