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Uber y DiDi alegan que pedido de bloqueo a sus servicios atenta contra miles de empleos

Presidente Carlos Alvarado rechaza solicitud de demanda planteada por el CTP, en momentos en que estas aplicaciones ya son sujetas de impuesto en Costa Rica

Uber y DiDi, dos plataformas tecnológicas de transporte privado de personas en el país, rechazaron el pedido del Consejo de Transporte Público (CTP) para que su interponga una demanda formal contra esos servicios no regulados. Las empresas alegan que tal pedido atenta contra miles de empleos.

El viernes pasado, el CTP aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que, en su calidad de abogado del Estado, presente una demanda formal contra esas empresas, así como también contra In Driver, que operan en Costa Rica sin tener una regulación legal.

La intención de ese órgano, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es “que se resuelva el cierre definitivo de esas operaciones en el país”. Hasta este martes, la PGR confirmó que la gestión del Consejo aún no había ingresado.

De igual manera, los directivos del CTP presentaron una solicitud ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para que gestione ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) el bloqueo inmediato de las tres plataformas.

“Rechazamos en todos sus extremos la solicitud del CTP y lamentamos que ponga en riesgo el sustento de miles de familias que hoy generan ingresos adicionales gracias a estas plataformas tecnológicas”, manifestó Uber en un comunicado.

Según dijo, tiene 28.000 colaboradores en Costa Rica.

DiDi, por su parte, calificó el pedido como “absolutamente improcedente”, al considerar que carece de fundamento, pero también porque “desconoce la realidad de miles de individuos y familias, así como las posibilidades que abre el avance tecnológico para la reactivación de la economía”.

Uber solicitó a las autoridades una “regulación innovadora y flexible, que permita reconocer las diferencias entre las plataformas de movilidad colaborativa y otras modalidades”.

Esa empresa considera que ello permitiría a miles de personas seguir generando ganancias adicionales mediante las plataformas tecnológicas.

“Sobre todo en momentos como los que vivimos, con cifras alarmantes de desempleo y una crisis económica sin precedentes”, expresó.

El presidente Carlos Alvarado rechazó este mismo martes la iniciativa del CTP en declaraciones dadas tras participar en el anuncio del operativo del Ministerio de Seguridad para Semana Santa.

“Le pedí a don Rodolfo Méndez (jerarca del MOPT) que tome la batuta, como lo hace usualmente, en relación con lo del CTP. Particularmente no me aparece ese proceder (del CTP) porque el Gobierno de la República convocó y presentó el proyecto para los temas de plataforma, eso no obtuvo consenso en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y el proyecto no ha prosperado”, indicó Alvarado.

El mandatario precisó que la gestión del CTP no representa la postura del Gobierno en este tema, en momentos en que ya se cobran impuestos a esas plataformas. Más bien espera que el plan de ley avance en el Congreso para establecer una regulación a tales plataformas.

Vacío legal

Desde que Uber comenzó operaciones en Costa Rica, en el 2015, el Estado no ha logrado resolver el vacío legal para la operación de esas y otras firmas que se han sumado desde entonces.

Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo, comparó el uso de esas plataformas de transporte con la piratería tradicional y aseguró que, por esa razón, deben desconectarse de inmediato las aplicaciones.

“Esto es una actividad totalmente ilegal, irregular, que no está con la autorización del Consejo de Transporte Público y por consiguiente movilizarse en estas condiciones, igual que la piratería tradicional que conocemos, pone en riesgo la salud y la vida de las personas”, afirmó Vega.

Las acciones del Consejo de Transporte Público ocurren a pocas semanas de que ese mismo órgano anunciara el lanzamiento de su propia aplicación móvil, llamada Batsë.

Esa plataforma reunirá a 11.800 taxistas formales, quienes estarán obligados a usar la aplicación, con el propósito de fiscalizar y nivelar su servicio, frente al brindado por Uber, In Driver y DiDi.

Esa aplicación móvil, según las autoridades, representaría el inicio de un proceso de modernización del transporte público individual a partir de la tecnología, para ayudar a taxistas a dinamizar su operación, que consideran afectada desde la llegada de Uber al país.

Juan Fernando Lara S.

Redactor en la sección Sociedad y Servicios. Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio Redactor del año de La Nación (2012). Escribe sobre servicios públicos, infraestructura, energía y telecomunicaciones.