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Taxistas que bloquearon ayer calles del país en contra de la operación de la transnacional Uber terminaron la jornada como los grandes perdedores a causa de su propio cerco vial.
Las obstrucciones arrancaron pasadas las 5 a. m., pero, poco antes del mediodía, todas se habían levantado gracias a la acción de los miembros de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, que mantuvieron bajo control a los manifestantes.
Algunos puntos de bloqueo se dieron en Santo Domingo de Heredia, Heredia centro, la autopista General Cañas, la ruta 32 (de San José y Limón), Tibás, Puntarenas, Santa Ana, La Uruca, Curridabat y Cartago.
Como resultado de las acciones, hubo 75 taxistas aprehendidos, 33 vehículos decomisados y 119 multas.
Así, tras poco más de cinco horas de protesta, los transportistas se retiraron sin que representantes de Gobierno los atendieran.
“En este momento no tenemos nada que hablar con ellos. Hubo violencia, rompieron los dientes de un policía. Hoy no se les recibe”, sentenció Mauricio Herrera, ministro de Comunicación.
Aparte de quedarse sin diálogo y expuestos a multas y causas judiciales, los transportistas recibieron el anuncio de posibles sanciones por parte del Consejo de Transporte Público (CTP).
La advertencia la hizo Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, quien adelantó que estudiarían los casos de taxistas multados, para ver si infringieron los contratos que firmaron para prestar el servicio.
“Si no prueban que hay un error o que no violentaron alguna regla, se presentará un informe al Consejo recomendando retirarles la concesión”, señaló.
La molestia de los taxistas se centra en Uber Inc., una transnacional que da a sus usuarios una red de transporte privado mediante una aplicación. Funciona aquí desde agosto del 2015.
Los transportistas alegan que Uber los afecta y exigen sacar la plataforma de operaciones.
Las autoridades se niegan, en vista que la Sala Constitucional determinó el acceso a Internet como un derecho fundamental.
Pocos efectos. La intentona de los taxistas de paralizar el país, en realidad, tuvo pocos efectos.
Ocho cámaras y agrupaciones empresariales aplicaron el teletrabajo para sus empleados, mientras que otra gran cantidad de trabajadores cambiaron sus horarios. De ahí que San José estuviera casi desierto ayer.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó de que los servicios de salud se brindaron con normalidad.
Los únicos trastornos se dieron en el Hospital Nacional de Niños, donde hubo un 35% de ausencias en citas. De 1.390 pacientes programados, 488 no fueron; de esos ausentes, 50% había pedido cambiar la fecha.
En el Hospital Calderón Guardia, el 15% de los pacientes tampoco acudió (casi 300 personas) y, en el San Juan de Dios, el ausentismo fue del 19% (94 pacientes).
Por su parte, la Cámara de Exportadores de Costa Rica descartó pérdidas, dadas las previsiones tomadas esta semana.
Menos aún hubo afectación en el aeropuerto Juan Santamaría, donde no se registraron pérdidas de vuelos, según datos de la empresa Aeris; administrador de la terminal.
Los manifestantes, empero, niegan alguna derrota.
“No, no estamos perdiendo nada; hemos perdido 60% de pasajeros. A partir de ahora, no tenemos nada que perder”, recalcó Rubén Vargas, dirigente de los taxistas, quien adelantó que el próximo llamado será de “guerra”.
En Fiscalía. En el operativo policial de ayer intervinieron 300 oficiales de tránsito y 3.000 oficiales de la Fuerza Pública.
Al final de la tarde, el Ministerio Público informó de la apertura de causas judiciales contra cuatro de los transportistas.
A uno, de apellidos Quesada Navarro, se le atribuye el delito de lesiones en perjuicio del policía Érick Chaves, quien perdió tres dientes producto de los golpes sufridos durante un incidente ocurrido en la rotonda de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca.
A otros dos sospechosos, de apellidos Aguilar Barboza y Vargas Villalobos, se les imputa el delito de resistencia a la autoridad. Sus casos se procesan en la Fiscalía de Goicoechea.
En la Fiscalía de Alajuela, a un taxista de apellidos Conejo Araya se le sigue causa por el delito de obstrucción de la vía pública.
El resto de aprehendidos (71) solo recibieron partes por contravención (delitos menores).
