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Una nueva esperanza para no tener que pagar las alzas del 10 por ciento para teléfonos y electricidad tiene usted desde anteayer pues el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) aplazó el envío de los acuerdos para su publicación en La Gaceta, mientras estudia una petición de nulidad planteada por la Defensoría de los Habitantes.
Esto frena, al menos temporalmente, la aplicación de las alzas, autorizadas por el SNE mediante acuerdos del 26 de diciembre del año pasado. Solo faltaba su publicación para que entraran en vigencia. Está pendiente un recurso de amparo, presentado por el diputado Gerardo Trejos, el cual aún no había acogido la Sala IV.
Leonel Fonseca, director ejecutivo del SNE, confirmó ayer la suspensión, que no toca el alza, también del 10 por ciento, en las tarifas de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la cual se aplicará en los próximos días, tras su publicación en el diario oficial.
La Junta Directiva del SNE, sin embargo, revisará de nuevo el asunto referente a las tarifas de electricidad y teléfonos el próximo lunes. Ese día puede acordar seguir el procedimiento y, entonces, enviar a La Gaceta los acuerdos de los aumentos para que entren en vigencia una vez publicados.
Alfredo Blanco Odio, director de asuntos económicos y de administración de la Defensoría de los Habitantes, explicó que enviaron, el viernes pasado, un "incidente de nulidad absoluta y de declaratoria de inexistencia", en contra de los acuerdos del SNE que autorizaron los incrementos en luz y teléfonos.
En ambos casos, añadió, los directores del SNE aprobaron los aumentos en las tarifas contra la recomendación de los técnicos de la entidad, quienes pidieron frenarlas por diferentes razones.
Contradiccíón
Además, el SNE argumenta que la recaudación se usará para mejorar y ampliar la red nacional, es decir, para inversión. Pero el mismo SNE reconoce que el ICE tiene unos ¢12.000 millones invertidos en títulos valores del Gobierno, lo cual deja clara la estabilidad financiera de la institución y la innecesaria alza de tarifas.
Si lo anterior se cumple, Blanco argumentó que el ajuste viola el principio de servicio al costo, establecido en varias leyes.
La Defensoría de los Habitantes no cuestionó el aumento en las tarifas de agua. Aunque en este punto no se consiguió versión oficial de la Defensoría, se estima que la consideró justificable porque durante todo el año pasado AyA no elevó el costo del servicio.
Blanco dijo que en caso de un rechazo del recurso de nulidad por parte del SNE, quedan algunas otras opciones legales para luchar contra los aumentos, pero prefirió no adelantar detalles.
Al respecto, Fonseca expresó que si, por ejemplo, la aplicación de las alzas se atrasa seis meses, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) podría pedir elevar las tarifas un 20 por ciento por el otro medio año, a fin de recaudar todo lo que se tenía previsto.
