Los muelleros del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) rechazaron por unanimidad el acuerdo alcanzado con el Gobierno y las autoridades de la entidad portuaria, para reducir la cantidad de trabajadores de la institución.
Para recortar la planilla de Japdeva, el Ejecutivo ofreció, el viernes, adelantar la jubilación de unos 200 empleados mayores de 55 años y con más de 25 de cotizar.
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El consenso incluía un bono de cuatro salarios para otros trabajadores cesados que ganaran más de ¢1 millón mensual, y de ocho salarios para los que percibieran menos de ese monto.
Además, mantenía la posibilidad a los trabajadores portuarios, de trasladarse a otra institución pública para evitar ser despedidos y perder su plaza en el Estado.
Esos puntos quedarían plasmados en un proyecto de ley y fueron suscritos por los representantes de Sintrajap; la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno; el ministro de Trabajo, Steven Núñez; el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta; y el viceministro de Infraestructura, Olman Elizondo.
No obstante, luego de someter el acuerdo a las bases sindicales, este martes, los muelleros lo rechazaron.
“Se acuerda dejar toda nuestra disponibilidad de sentarnos con el Gobierno en una nueva negociación”, consignó en el documento el secretario general de Sintrajap, Antonio Wells.
Para la jerarca de Japdeva, el acuerdo se mantiene.
“El acuerdo de nuestro lado será respetado y presentaremos el proyecto de ley que se deriva de este acuerdo”, manifestó Centeno.
La presidenta de la entidad portuaria instó a los trabajadores a revisar “con mucho cuidado las alternativas" que se les ofrecen.
Centeno dio a conocer en Consejo de Gobierno, que presentará un presupuesto extraordinario para financiar la reestructuración y la operación de la entidad portuaria para los próximos tres meses.
Según Centeno, el Ejecutivo tendrá que inyectar ¢2.500 millones mensuales para mantener en operación la entidad portuaria.
Problemas financieros
Para la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico (Japdeva) la carga comercial se redujo 70% desde febrero, cuando la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), concesionada a la empresa APM Terminals, asumió la atención de buques portacontenedores que llegan al Caribe.
Esto sumergió a la entidad en una profunda crisis financiera, acrecentada por las pérdidas registradas en los últimos cuatro años y por la ausencia de medidas para diversificar los negocios de la entidad portuaria, que conocía el impacto que generaría la entrada en operación del megapuerto.
La escasa llegada de embarcaciones comerciales al muelle de Japdeva mantenía a los operadores portuarios solo cumpliendo horario, pero una falla eléctrica en la TCM, la semana pasada, obligó al MOPT a trasladar los buques al puerto público.
Actualmente, Japdeva tiene 1.400 trabajadores, cuyas remuneraciones costarían este año ¢41.650 millones. De este monto, la mitad corresponde a pluses salariales.
En el informe presupuestario para 2019, se señala la necesidad de eliminar 800 plazas, sin embargo, la actual jerarca, Andrea Centeno, asegura que ese número no se ha definido.
El informe de presupuesto fue entregado al Ministerio de Hacienda en noviembre y firmado por el entonces jerarca, Greivin Villegas.
Él fue destituido por el presidente Carlos Alvarado, luego de que manifestara que el Gobierno debía hacerse responsable del futuro de esos trabajadores que serían despedidos.
