La oferta de pensión anticipada quedó plasmada en un acuerdo firmado este viernes por representantes del sindicato interno (Sintrajap), la presidenta ejecutiva de la entidad, Andrea Centeno; el ministro de Trabajo, Steven Núñez; el viceministro de Infraestructura y Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Olman Elizondo y el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta.

Esta pensión será el equivalente al 63% del salario promedio de los últimos 12 mejores salarios recibidos en los últimos cinco años, efectivamente laborados en la administración pública.

También se estableció que a los trabajadores que no se acojan a alguno de los anteriores procesos y se incluyan dentro del proceso de restructuración, se les reconocerá una bonificación que será adicional a la liquidación y a lo que en derecho corresponda, según su condición salarial.

Por ejemplo, "el Gobierno reconocerá a cada servidor cuyo salario sea inferior a ¢1 millón, un incentivo adicional hasta de ocho mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados”, indicó el Gobierno.

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Según el estudio de datos de Japdeva, aquí se ubican la mayoría de los trabajadores de la entidad y los que enfrentan las condiciones más vulnerables.

El acuerdo de este viernes añade que “también se reconocerá a cada servidor cuyo salario sea superior a ¢1 millón, un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados”.

Todo lo anterior debe quedar plasmado en una ley de la República.

En un comunicado, el Ministerio de Trabajo asegura que esta iniciativa pretende garantizar los derechos laborales de los empleados de la institución, tanto aquellos en propiedad como los interinos.

Las partes acordaron otorgar a los trabajadores un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la norma, para escoger una de las opciones expuestas, según corresponda.

Empero, la información divulgada esta noche no hace un estimado de cuánto dinero se debería reservar para el pago de estas bonificaciones, ni de dónde saldría.

“Hay un entendimiento de las partes sobre la situación que enfrenta la organización y de la ineludible necesidad de reestructurarla con el compromiso de hacer el proceso de la forma más responsable y clara con los colaboradores actuales”, manifestó Centeno.

En el caso del ministro de Trabajo, este reconoció la importancia de llevar este proceso en un clima de paz laboral y de apertura de los distintos negociadores, para llegar a un acuerdo en beneficio de las personas trabajadoras de Japdeva.

Con pérdidas

En marzo anterior, La Nación informó que Japdeva acumuló su cuarto año consecutivo de resultados financieros negativos, al reportar una pérdida de ¢3.146 millones en 2018, según constan los estados financieros de la empresa estatal.

A esto se suma que la institución portuaria proyectó un menor impacto económico, en comparación con la realidad que enfrenta desde la entrada en operación plena de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que recién inauguró, el 28 de febrero anterior, el segundo puesto de atraque para buques portacontenedores.

La combinación de ambas variables y de la falta de ejecución de planes para diversificar los negocios de la institución, provocaría que la entidad portuaria limonense entre en quiebra técnica.

Más allá de las pérdidas financieras reportadas desde 2013, la junta directiva de Japdeva responsabiliza al rector portuario, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la baja en los ingresos en la institución, por una supuesta mala programación y distribución de las embarcaciones entre el muelle estatal y la terminal portuaria, administrada por APM Terminals.