La Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde) presentó una lista de nueve habilitadores para la inversión extranjera y el empleo en el país, entre los que destacan replantear el modelo de cargas sociales patronales y apoyar la implementación de una reforma curricular en el Ministerio de Educación Públicas (MEP) para impulsar el desarrollo de habilidades del siglo XXI.
De acuerdo con la organización, se trata de áreas en las que el país tiene el potencial de mejorar para alcanzar un mayor desarrollo socioeconómico, generar más empleo de calidad y avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. “Se logrará dar un impulso a la productividad que permitirá al país una inserción cada vez más exitosa en el contexto global de transformación”, dice Cinde.
En la construcción de los habilitadores colaboraron expertos técnicos y aliados estratégicos que definieron los retos de cada área, así como las recomendaciones e indicadores que sirvan de métrica para evaluar su progreso. Se abordan temas educativos, laborales, de infraestructura y servicios públicos.
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“Asimismo, cada habilitador parte de un enfoque basado en datos, de manera que los hallazgos y las recomendaciones se basan en datos duros, de conocimiento público, respaldados por organizaciones internacionales. Son estos datos los que deben alimentar y respaldar la formulación de políticas públicas con el objetivo de impulsar los respectivos habilitadores”, agregó la Agencia.
Los nueve habilitadores son:
- Talento y Generación de Capacidades
- Modelo Laboral
- Productividad Territorial
- Conectividad y Telecomunicaciones
- Mejora Regulatoria y Gobierno Digital
- Ecosistemas de Investigación
- Desarrollo e Innovación
- Fiscalidad e Incentivos
- Infraestructura y Energía
Urgencia educativa
En primer lugar, se destaca que la pandemia ha generado dramáticas pérdidas de aprendizaje en escolares y colegiales, particularmente en los hogares de menores ingresos, y que la crisis es grave porque se combinaron los rezagos históricos en materia educativa con los efectos económicos y sociales generados por la emergencia sanitaria.
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Ante este panorama, se recomienda ejecutar una hoja de ruta estratégica para transformar el modelo educativo y generar capacidades en el corto plazo. Por ejemplo, mejorar la cobertura y calidad de la educación preescolar, así como ampliar la capacidad e implementar estándares de calidad para el cuidado infantil.
Una de las principales sugerencias es “apoyar la implementación de la reforma curricular del MEP para impulsar el desarrollo de habilidades del siglo XXI en la población estudiantil, al priorizar la consolidación de una profesión docente de alta calidad con perspectiva de género e inclusión y dotar a profesores y estudiantes de recursos pedagógicos y tecnológicos de alta calidad”.
Como otras oportunidades se destacan ampliar y mejorar la educación técnica secundaria, fortalecer los programas de formación universitaria y desarrollar medidas orientadas a mejorar la calidad y pertinencia de la formación profesional, como el proceso de transformación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el fortalecimiento del programa Empléate y acelerar el cierre de la brecha en bilingüismo.
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Regulación laboral
La Agencia rescató que aunque Costa Rica sea considerado un referente en garantías sociales y regulaciones laborales, los avances tecnológicos y la globalización ponen en evidencia la necesidad de modernizar la regulación laboral existente de manera que se ajuste a las nuevas exigencias y realidades. Señaló que esta modernización del marco laboral puede reducir los indicadores de desempleo femenino y juvenil.
“Al promover un mercado laboral mejor preparado para atender los desafíos tecnológicos y de transformación global se crean oportunidades para un entorno más dinámico, con más y mejores empleos. En este sentido, la modernización del mercado laboral requiere un enfoque holístico que cree encadenamientos y coordinación entre el sector educativo, colaboradores, empleadores, agencias de empleo y gobiernos locales”, explicó.
Entre las principales recomendaciones están modernizar la Base Mínima Contributiva (BMC), de manera que sea acorde con la jornada e ingresos de las personas trabajadoras; replantear el modelo de cargas sociales patronales; actualizar la normativa relacionada con jornadas laborales, día de descanso y vacaciones; así como plantear normativa que habilite el empleo transfronterizo y un marco especializado que promueva el flujo internacional de talento para la generación de capacidades locales.
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Como ejemplo, Cinde recordó que el porcentaje de cargas sociales del empleador en Costa Rica es del 26,5%, cuando el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 20,68%.
Además, el país cuenta con muy bajas calificaciones en materia de participación laboral femenina, prácticas de contratación y despido, políticas activas del mercado laboral, facilidad para contratar mano de obra extranjera, movilidad laboral interna, pago y productividad, y relación entre trabajadoras femeninas asalariadas y trabajadores masculinos, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
Para ayudar a la generación de empleo también se propone mejorar la regulación en las instituciones públicas para no imponer costos innecesarios sobre ciudadanos y empresas, los cuales obstaculizan el crecimiento y desarrollo. “Especialmente en el tema de carga regulatoria, nuestro país enfrenta un rezago importante, pues la carga regulatoria se percibe como muy alta”, dice Cinde.
Por eso, aconseja diseñar e implementar un portal único digital para la realización de trámites gubernamentales, el cual integre los portales digitales disponibles a la fecha. También aumentar la conectividad e interoperabilidad entre las entidades de gobiernos centrales y locales, especialmente las ubicadas en las zonas rurales y costeras, además de utilizar tecnologías digitales como instrumento de simplificación de trámites para incrementar la productividad.
Seguridad jurídica, energía y 5G
Como otros puntos importantes se destacan garantizar la estabilidad y seguridad jurídica del Régimen de Zona Franca, valorando la implementación de mejoras relacionadas con la propuesta de valor del país; adoptar un sistema de regulación de tarifas por incentivos; así como dinamizar la inversión privada por medio de la modernización y reactivación de los esquemas público-privados, incluyendo la concesión de obra pública.
En materia de energía se plantea separar las actividades de la cadena de suministro eléctrico (generación, transmisión, distribución y comercialización) sometiéndolas a regulaciones distintas según la naturaleza de cada una, abrir la participación en el Mercado Eléctrico de América Central y modernizar el marco regulatorio, para generar recursos energéticos a partir de fuentes renovables, incluyendo el hidrógeno verde.
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Por último, se proponen acciones para que estos habilitadores beneficien a todo el país y no solo a una parte, porque según Cinde, “el sostenido dinamismo económico del país ha evidenciado en las últimas décadas estar desvinculado del desarrollo balanceado del territorio, con un modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado en la GAM (Gran Área Metropolitana)”.
Como acciones puntuales se plantean generar y fomentar un interés compartido entre los polos y la GAM, a través del fomento de los encadenamientos productivos, y promover habilidades clave para la fuerza laboral por medio de incentivos y vinculaciones para que el sistema educativo se centre en las demandas del mercado laboral, con énfasis en los territorios.
También garantizar la calidad de la infraestructura de los territorios, asegurando el fácil acceso, con conexiones de transporte convenientes y localización geográfica, complementado por el transporte, la infraestructura de comunicaciones y el acceso a servicios públicos. Otro punto vital es desarrollar soluciones integrales para el cierre de la brecha digital, especialmente en zonas con vulnerabilidad y pobreza.
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Asimismo, se aconseja recuperar el espectro radioeléctrico como habilitante de la transformación digital y el advenimiento de las nuevas tendencias tecnológicas incluyendo el 5G, así como promover estrategias innovadoras de inversión y financiamiento de iniciativas para el desarrollo de la infraestructura digital y la conectividad, y promover el desarrollo de parques científicos y de innovación.