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El Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) quedó desintegrado el pasado 5 de enero al expirar el nombramiento de dos de sus miembros. Esto impide al ente regulador en telecomunicaciones tomar decisiones de interés para el sector, como la subasta de espectro para telefonía en la tecnología 5G.
Este mes venció la permanencia allí de Federico Chacón Loaiza, como miembro permanente, y de Whalter Herrera, como suplente. Desde marzo de 2023 terminó el nombramiento de Gílbert Camacho. En este momento solo queda Cinthya Arias Leitón.
Según la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) número 7593, el Consejo de Sutel debe estar integrado por tres miembros propietarios y un suplente. El pasado 3 de noviembre, el secretario del Consejo, Luis Alberto Cascante Alvarado, alertó de las implicaciones de la situación en el oficio 09412-SUTEL-SCS-2023 dirigido a la contralora general, Marta Acosta, y a la Junta Directiva de Aresep.
Un agravante es que los nombramientos del Consejo debe hacerlos la Junta Directiva de la Aresep que también está incompleta.
Esta circunstancia inquieta al sector, como lo manifestó Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), en un comunicado.
Bajo estas condiciones, alertó, no se puede autorizar la incorporación de nuevos proveedores, con los efectos negativos que eso implica para un mercado en competencia, en relación con la subasta de espectro radioeléctrico para concesionarlo a empresas extranjeras interesadas en desarrollar servicios de 5G en el país.
Esto es así porque no es posible la aprobación de informes y actos requeridos dentro del proceso de concurso público para la asignación de frecuencias, cuyo inicio fue instruido por el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en mayo de 2023. Así consta en el Acuerdo Ejecutivo 031-2023-TEL-MICITT, publicado en La Gaceta 75 del 2 de mayo de 2023.
Ese acuerdo busca el otorgamiento de concesiones de bandas del espectro radioeléctrico en las frecuencias de 700 Megahercios (MHz), de 2300 MHz, de 3500MHz, de 3600 MHz a 3625MHz, de 26 GHz y de 28 GHz con el propósito de brindar telecomunicaciones en 5G a usuarios finales.
Actualmente, el único operador que podría empezar a vender tales soluciones sería el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que dispone de segmentos en esas bandas y no participa de este tipo de subastas.
La situación podían aumentar el rezago del país en la implementación de las redes 5G o de quinta generación y limitar el desarrollo tecnológico del sector productivo en áreas altamente sofisticadas como la inteligencia artificial (IA), la robótica, o el control de procesos industriales de respuesta rápida.
Infocom añadió que sin la operación del Consejo de la Sutel, no se pueden otorgar prórrogas para que empresas de telecomunicaciones continúen prestando servicios de telecomunicaciones.
Eso, señaló la organización, reduciría la oferta en el mercado, afectaría la continuidad de sus servicios en detrimento de los usuarios finales y hasta incidiría en los niveles de empleo en el sector.
Ni sanciones ni proyectos
El oficio del secretario del Consejo había advertido de la imposibilidad, incluso, de corregir y sancionar prácticas monopolísticas cometidas por operadores o proveedores de presentarse este tipo de problemas de competencia en el mercado.
Además, quedan paralizadas las aprobaciones de nuevos planes de acción para las metas del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones vinculadas con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), cuyo fin es disminuir la brecha digital en el país.
Sobre este punto, por ejemplo, en este momento no es posible asignar recursos al Fondo, otorgar el visto bueno para la aprobación de carteles de contratación de proyectos de Fonatel y, mucho menos, el aval para adjudicaciones de proyectos que estaban pendientes de recibir luz verde.
En el caso de la Aresep, esta sigue operando con su Junta Directiva incompleta. La Asamblea Legislativa rechazó en noviembre el nombramiento del ingeniero eléctrico Luis Pablo Rodríguez Murillo, para ocupar uno de los dos puestos vacantes.
Con 27 votos en contra, la mayoría del plenario legislativo se opuso a la ratificación de Rodríguez, quien fue designado por el gobierno de Rodrigo Chaves. Los legisladores alegaron que Rodríguez Murillo carecíade conocimientos en materia regulatoria y advirtieron un posible conflicto de interés pues trabajó antes con el actual presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora.
En diciembre, la Autoridad recurrió a nombramientos de hecho para completar temporalmente la Junta Directiva y poder resolver situaciones urgentes, una de estas, la elección de los miembros del Consejo de la Sutel.
