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Diez empleados de Japdeva figuran entre los 26 detenidos ayer tras una emboscada contra oficiales de la Fuerza Pública, que cerró con dos policías heridos de bala, otro con golpes varios y siete furgones incendiados en Moín.
Entre este grupo de empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), se incluye a un operador de remolcadores en cuyo vehículo apareció una pistola calibre nueve milímetros.
Los policías heridos tuvieron que ser trasladados a San José vía aérea, pues uno tenía una herida en la arteria femoral y el otro una bala incrustada en el mentón.
Se trata de Olman Salazar, de 53 años y Ronny Marín, de 19 años, respectivamente.
Entre las restantes 16 personas aprehendidas, destacan funcionarios de la Municipalidad de Limón, empleados de la Universidad de Costa Rica, de la empresa Envases Industriales (Envaco) y dos menores de edad.
Hasta anoche se desconocía si dentro de los 26 detenidos figuran los posibles responsables de atacar a la Policía a balazos.
La Fuerza Pública decomisó tres armas de fuego calibre nueve milímetros, 30 bombas caseras tipo
En declaraciones a
Los manifestantes caribeños aprovecharon una convocatoria nacional para protestar contra un proyecto de ley que impulsa el salario único del sector público y la concesión portuaria.
Los incidentes más graves ocurrieron a 10 kilómetros de la ciudad de Limón, sobre la carretera Saopim, frente al predio Seldeca de la empresa Del Monte.
Allí, una turba de unos 50 personas atacó los furgones estacionados o que hacían fila para ingresar a puerto Moín.
Además, desde unas arboledas cercanas a la vía, los manifestantes esperaron a la Policía para atacarla con piedras y a balazos.
Hasta anoche se desconocía el monto de las pérdidas de los camiones que resultaron incendiados y qué tipo de carga transportaban.
Francisco Jiménez, ministro de Transportes y expresidente de Japdeva, calificó de “actos delincuenciales”, los provocados por los trabajadores portuarios.
Jiménez confirmó que además de los eventuales procesos penales, los empleados de Japdeva se exponen a sanciones administrativas o eventualmente el despido.
En principio, se les interrogará por el delito de obstrucción de vías públicas.
Sin embargo, la Fiscalía hará un análisis de la prueba recabada, “con la finalidad de determinar si existen otros delitos que vinculen a los detenidos” con los actos de violencia. Se desconoce qué proceso se siguió contra los dos adolescentes.
