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El futuro de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) está en manos de un tribunal contencioso administrativo, que dictará sentencia en agosto próximo.
Los jueces José Roberto Garita, Marianella Álvarez y Cynthia Abarca resolverán en 15 días hábiles si se anula o no la concesión a favor de la empresa holandesa APM Terminals.
El plazo se cumplirá el 7 de agosto pues la próxima semana el Poder Judicial estará de vacaciones y el 25 de julio es feriado.
El periodo para dictar sentencia se calculó tomando en cuenta que los jueces declararon el caso como “de trámite complejo”.
En este caso, los jueces no convocarán a una audiencia adicional para leer la sentencia pues la notificarán por escrito en agosto.
Además, el periodo para entrega de pruebas y testimonios concluyó ayer, tras cuatro días de juicio.
La Cámara Nacional de Bananeros y el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap) reiteraron ayer sus intenciones de que se anule el proceso de licitación y concesión del nuevo muelle para portacontenedores.
También exigieron que se cancele el contrato que firmó el Estado con la concesionaria holandesa.
Randall Quirós, abogado de los bananeros, alegó ayer que el proceso violentó la ley de concesiones pues la licitación se realizó sin el respaldo de los debidos estudios técnicos y ambientales.
Por ejemplo, Quirós asegura que la ley exige un estudio de impacto ambiental (EIA) que el Consejo Nacional de Concesiones omitió realizar en el proceso previo al cartel de licitación.
Por su parte, los voceros del sindicato reiteraron que entregar la concesión de un nuevo puerto para contenedores a una sola empresa, constituye un monopolio ilegal.
“La intención de APM Terminals es explotar nuestra riqueza por 33 años prorrogables por 20 años más, exigiendo exclusividad en la carga de contenedores, desplazando a Japdeva de su actividad principal; lo peor de todo es ver cómo el presidente ejecutivo de nuestra institución la desacredita a tal grado en su exposición que deja mucho que desear como máxima autoridad de Japdeva”, resume Leroy Pérez, vocero sindical.
La defensa. Gino Capella Molina, abogado del Consejo Nacional de Concesiones, fue uno de los defensores más vehementes de la Terminal de Contenedores de Moín.
Ayer, la primera parte de su periodo para rendir conclusiones la dedicó a cuestionar el fundamento jurídico y probatorio de los demandantes.
Entre otras cosas, aseguró que la llegada de APM Terminals al país no constituye un monopolio pues la operación monopólica de los puertos ya está hoy en manos de Japdeva.
Por su parte, Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, aprovechó su exposición final para justificar la construcción de la TCM.
Como sustento, recordó que, según el Foro Económico Mundial, el país ocupa el puesto 137 de 142 economías, por tener una de las peores infraestructuras portuarias del mundo.
Además, alegó que, con el aumento del tamaño de los barcos portacontenedores, los viejos patios de Moín y Limón se volvieron insuficientes para almacenar todos los contenedores descargados.
Geovanny Marchena, abogado de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, también defendió las tarifas de la terminal.
