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Indígenas bribris disputan la posesión de unas tierras ubicadas en Hone Creek, Talamanca, Limón, con el comerciante Ídolo Agustín Mastroeni.
El desacuerdo se suscitó la semana pasada cuando Mastroeni pidió el desalojo de los indígenas que residen en una propiedad de 50 hectáreas, inscrita a su nombre.
Mastroeni hizo la solicitud, pese a una resolución del Registro Nacional, de octubre del 2010, que congeló la finca tras determinar que “se traslapa con la Reserva Indígena bribri de Keköldi”.
Según Demetrio Mayorga, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Bribri de Keköldi, la policía les pidió retirarse del terreno el martes 12 de abril.
“La Fuerza Pública llegó a presionarnos. Nos dijeron que teníamos que salir pacíficamente porque estábamos en tierras que no nos pertenecen, pero ni tenían orden de desalojo; entonces, no nos movimos”, dijo Mayorga.
Al enterarse de la situación, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, solicitó al ministro de Seguridad, José María Tijerino, suspender el desalojo.
“Él se comprometió a frenar el desalojo si le probábamos que era ilegal. Ese mismo día obtuvimos una resolución del Registro que inmoviliza la finca porque confirma que está dentro del territorio indígena”, explicó Villalta.
”El desalojo administrativo es para sacar a precaristas, gente que no tiene ningún derecho, y en este caso obviamente los indígenas tienen todo el derecho de estar ahí”, agregó el legislador.
“Nos reportaron una invasión, pero como director no voy a girar ninguna orden en tanto no tenga el criterio legal que me indique cuáles alegatos son legítimos. Aún estamos a la espera del criterio legal”, insistió Cubillo.
Saúl Yanes, abogado de Mastroeni, criticó la inacción de la Fuerza Pública y recalcó que su cliente adquirió el terreno hace 12 años en un remate. Los límites vigentes de la reserva indígena se establecieron hace 10 años, mediante un decreto ejecutivo que modificaba otro de 1996.
“Estoy preparando un recurso de amparo en contra del Ministro de Seguridad y el comandante de la zona de Limón porque, por negligencia de ellos, se están metiendo 30 o 40 indígenas, nada más porque la finca tiene una advertencia administrativa que no está por encima de un título de propiedad”, declaró Yanes.
“Ahí procedía hacer el desalojo y luego que se ventilara en estrados judiciales de quién es la finca y si es o no es reserva”, agregó.
