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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció este viernes la firma de 22 contratos con generadores privados para compra de energía; incluidos algunos a los que había dejado sin opción de venta desde el 2020. Quedaron sin convenios los dos empresarios que incursionaron en la industria de bitcoines para mantener a flote su operación.
De acuerdo con el ICE, de 26 plantas privadas existentes en Costa Rica –que representan 357 megavatios de potencia de generación instalada–, las 22 con acuerdo comprenden 354 megavatios (99% disponible del total).
El Instituto argumentó que no renovó contrato con las instalaciones restantes (Poás I, Poás II y Río Segundo) porque incumplen con la normativa para la venta de energía a la empresa, según lo estipulado por la Ley 7200 y los demás requerimientos indicados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). A estas se agrega la Hidroeléctrica El Embalse, aún en negociación.
Las hídricas Poás I, Poás II y Río Segundo pertenecen a los empresarios Roberto y Eduardo Kopper Orlich. A las dos primeras se les venció el contrato con el ICE en setiembre de 2020 y a Río Segundo, en julio del 2021.
En febrero del 2021, Poás I y II encendieron turbinas de nuevo cuando sus dueños incursionaron en el negocio de bitcoines vendiendo servicios de Internet de alta velocidad, energía limpia y barata y un ambiente controlado de temperatura y humedad a personas dedicadas a esa actividad de minería de datos.
Según había relatado Eduardo Kopper, vio la posibilidad de aprovechar la planta al detectar, en foros en línea, la presencia en Costa Rica de decenas de “mineros” de criptomonedas con gigantescos procesadores dedicados día y noche a la actividad en sus propias casas y oficinas lo cual generaba un fuerte gasto eléctrico. Por esa razón, decidió incursionar en el negocio para mantener sus plantas en operación y dar trabajo a sus colaboradores.
Este viernes, el empresario rechazó la versión del Instituto de que las instalaciones de su propiedad quedaron excluidas por incumplimiento de normas.
“No hay incumplimiento alguno y la prueba es que por 28 años se ha entregado energía al ICE y esa empresa, de manera unilateral, nos dejó sin contrato. Llevo más de un año de pedirle al ICE que me trasiegue mi energía al centro de San José para utilizarla en un data center de alta tecnología y a la fecha se me ha negado”, manifestó.
Insistió en que desconoce las razones del rechazo del Instituto, tanto a su pedido como a la renovación de contrato.
Durante el último año, el Instituto ha renegociado y extendido los contratos bajo los términos contenidos en el Decreto Ejecutivo N.º 43700-MINAE del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) del 29 de setiembre de 2022 mediante el cual el Gobierno autorizó al ICE a restablecer a conveniencia contratos para adquirir la electricidad limpia y barata de esos productores, cuyos anteriores convenios empezaron a vencer a partir del 2020.
