El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ordenó este viernes iniciar la recuperación de espectro radioeléctrico en poder del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ante su resistencia a devolverlo al Estado.
Mediante un comunicado, la ministra Paola Vega Castillo señaló la falta de voluntad política del Instituto para llegar a un acuerdo que permita al Gobierno recuperar ese recurso requerido para desplegar la quinta generación de redes móviles llamada 5G.
Vega Castillo giró la instrucción de elaborar el informe técnico-jurídico con las recomendaciones y procedimientos que correspondan, en cumplimiento de la normativa jurídica, con los cuales se abordará este proceso tras años de intentos sin éxito.
La tecnología 5G aporta un mayor ancho de banda, el cual se traduce en velocidades para trasiego de datos de hasta 10 Gigabits por segundo (Gb/s), según la Asociación GSM. Un Gb/s equivale a 1.000 Megabits por segundo (Mb/s).
Tan poderosas se perfilan estas redes que podrían arrebatarle mercado a proveedores actuales de Internet fijo y dinamizar negocios.
Además, podría mejorar la competitividad de un país por el aumento exponencial previsto de aparatos conectados a Internet, que van desde vehículos hasta robots de uso industrial, infraestructura urbana y aparatos domésticos. Todo en tiempo real.
Sin embargo, para desplegar 5G se necesita reasignar el espectro radioeléctrico; un bien del Estado compuesto por todas las ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y gracias a las cuales son posibles las telecomunicaciones modernas.
En Costa Rica, el uso del espectro lo define el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias a cargo del Micitt, en conjunto con la Presidencia de la República. Así lo estipula el artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones (N. 8642).
Sin embargo el ICE se resiste hace años a devolverlo.
Vega alegó que el Micitt ha estado abierto a la posibilidad de lograr un acuerdo de devolución de frecuencias con el Grupo ICE, al considerar que esa vía es la más adecuada y eficiente en términos de tiempo para poner a disposición estas frecuencias.
“A pesar de la buena disposición mostrada desde el Grupo ICE, a la fecha no se ha recibido ninguna propuesta de devolución de espectro”, indicó la jerarca.
La funcionaria agregó que dado el interés público derivado de las oportunidades y potencial de esta tecnología en el país, se ordenó la recuperación unilateral de frecuencias.
“Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que el Grupo ICE presente de manera oportuna una propuesta de devolución de espectro que pueda ser analizada”, advirtió la ministra.
Sin voluntad
Desde la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el 2011, el ICE tiene en concesión 550 Megahercios (MHz) en seis bandas o frecuencias de transmisión. Sus rivales comerciales, Claro y Movistar, se reparten entre ambos 200 MHz del espectro.
En octubre del 2019, Luis Adrián Salazar, entonces jerarca del Micitt, le recordó a Irene Cañas, presidenta ejecutiva del Instituto, la necesidad de discutir un plan de trabajo ―enviado meses atrás― para definir segmentos de frecuencias a devolver.
Cañas respondió el 20 de noviembre que el ICE tenía un equipo interno de análisis, pues debían considerarse asuntos técnicos, así como “aspectos de adopción y uso de la industria, considerando el uso actual y futuro” que el Grupo ICE tuviera contemplado.
La jerarca añadió que su equipo seguirá haciendo un “análisis reposado”, mientras el ICE trabaja su propia propuesta, la cual estaría lista para el 2021.
El 9 de diciembre del 2019, el Micitt volvió a consultar cuando estimaba remitir la información solicitada sobre los segmentos de frecuencias a devolver, como consta en el documento MICITT-DVT-OF-1028-2019. Tampoco fructificó.
Édwin Estrada, exviceministro de Telecomunicaciones, confirmó que desde el inicio de la administración de Carlos Alvarado, el Micitt discutió con el ICE la devolución de espectro mediante un acuerdo mutuo.
“Ha existido en el tiempo una reticencia del Instituto a devolver espectro. Lo que procede es una mera decisión política por parte del Ejecutivo y voluntad del propio ICE”, consideró Estrada.
