El Gobierno frenó un alza de 72% en el precio del gas licuado de petróleo (GLP) al emitir un decreto ejecutivo que mantiene un subsidio para este y otros carburantes, el cual se carga desde hace cinco años a los consumidores de gasolina y diésel.
Esa subvención significó, desde el 2008, ¢100.000 millones de más en las tarifas de esos dos combustibles, con lo cual se logró abaratar el gas de cocina para 651.000 hogares (55%) y para la producción industrial.
El decreto paraliza la intención de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) de quitar ese subsidio en el costo del GLP, asfalto y búnker mediante una nueva metodología de cálculo de combustibles.
La disposición diluye la presión del sector industrial, que objeta la nueva metodología, la cual sube el costo del producto.
Precisamente, este jueves Aresep iba a someter, a audiencia pública, el nuevo sistema de precios que llevaba el costo del cilindro de 25 libras –el más común en las casas– de ¢6.410 a ¢8.470.
Al anularse el subsidio, estaba previsto que la gasolina súper bajara en febrero de ¢559 a ¢549 (¢10 menos); la regular, de ¢536 a ¢527 (¢9), y el diésel, de ¢449 a ¢440 (¢9).
La medida. El Decreto Ejecutivo 39437-MINAE se publicó ayer en el diario oficial La Gaceta y crea la llamada Política sectorial para precios de gas licuado, búnker, asfalto y emulsión asfáltica .
Allí se dicta que la fijación de precios de venta en plantel sin impuestos de esos carburantes mantendrá una relación respecto al precio internacional similar a la que hubo del 2008 al 2015.
“Las diferencias que se generen en el precio de venta en plantel que fije Aresep para estos productos serán trasladadas al precio de venta plantel de los restantes productos que venda Recope”, precisa esta política.
Del 2009 al 2014, los clientes de diésel pagaron hasta ¢73.500 millones de más por ese combustible y los de gasolinas, hasta ¢29.500 millones, confirmó una investigación de este diario en el 2014 . Esa revelación originó la nueva fórmula de cálculo.
Según el Gobierno, el subsidio evita más pobreza.
“Se pretende establecer condiciones para la fijación del precio final de esos productos, apoyando la competitividad, contribuyendo a la reducción de la pobreza y protegiendo el ambiente, al incluir una serie de principios ambientales, económicos y sociales que se deben tomar en cuenta para definir los precios de los combustibles”, indicó el ministro de Energía, Édgar Gutiérrez.
Sin objeción. Juan Manuel Quesada, intendente de Energía de Aresep, expresó que ellos continuarían con el esfuerzo de “imprimir transparencia a los costos de las tarifas”, pero que respetarán esta política. “Aresep no tiene problema técnico de hacer los cálculos correspondientes, pero solo en función de esa política pública”.
Eso sí, advirtió también, hay que tener claridad sobre quién pagaría ese subsidio o beneficio.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, celebró la decisión del Ejecutivo porque “preserva el empleo y la permanencia de empresas en el país”.
Para el industrial, esto pone a prueba a la Refinadora Costarricense de Petróleo y la obliga a ser más eficiente. En su criterio, la Refinería debería asumir las variaciones en los costos de los combustibles que pudiera producir esta política del Gobierno y no los consumidores. “Los costarricenses no deben pagar las ineficiencias. Ya se acabó la fiesta”, dijo.
