El divorcio de Miguel Zaragoza y Evangelina López, dueños de la compañía Gas Zeta, paraliza la mitad de las ventas de gas licuado de petróleo en el país.
La repartición de bienes del matrimonio, pactada en Texas, Estados Unidos, condujo a un drama legal que tocó suelo costarricense y afecta el abastecimiento de este servicio en sodas, restaurantes y hoteles.
La compañía, también a cargo de Tropigás, lleva 13 días suministrando el combustible de forma irregular. Hoy solo cubre el 40% de la totalidad de su mercado. Tomando en cuenta que la firma provee un 72%, su actual crisis dejó sin gas a más de la mitad de los consumidores (comercio y medio millón de hogares).
El otro 28% del suministro está a cargo de la compañía Tomza, la cual aseguró –mediante un comunicado– que no hay desabastecimiento, solo un problema legal que afecta al otro proveedor.
El producto de Gas Zeta se envasa en planteles en La Lima de Cartago, El Coyol de Alajuela, Guápiles, Limón y Bagaces. Estas tres últimas operan, pero tienen menor capacidad.
La tardanza obliga a los comercios pequeños del área metropolitana a buscar el carburante en supermercados, lo cual les encarece la operación.
“Habría pérdidas si por culpa de la falta de gas me veo obligado a cerrar”, expresó Luis Oreamuno, administrador de soda Tapia, en San José.
La Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) advirtió de que, si se mantiene el problema, para el fin de semana habría cierres.
“Desde la semana pasada sabíamos que podría haber desabastecimiento y por eso llenamos los tanques. Emitimos una alerta a todos los hoteles para evitarlo. El lunes tenían que abastecernos y no fue así, por lo que este fin de semana podríamos tener un serio problema”, afirmó Gustavo Araya, presidente de la CCH.
El presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), Jorge Figueroa, lamentó esta situación extraordinaria, que le complica la vida al mercado. "Esperamos que sea algo temporal y se arregle lo antes posible; hay empresas que no podrían realizar sus operaciones sin el gas", dijo.
Anoche, mediante un comunicado, la Presidencia de la República anunció que por la contingencia permitirá la operación de una tercera empresa para distribuir el combustible. No detalló ni el nombre de la firma ni a partir de cuándo entraría en funcionamiento.
Enfatizó que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tiene suficiente gas.
Dos bandos. La separación de bienes del matrimonio dividió la firma en dos bandos, uno a favor de López y el otro, de Zaragoza. Esto, luego de que el Tribunal de Familia, en Texas, trasladó decisiones judiciales a Costa Rica y dictó medidas cautelares para evitar la afectación del servicio.
Empero, el 23 de abril, el Ministerio de Seguridad Pública ejecutó un desalojo administrativo en las plantas de El Coyol y La Lima (por solicitud del bando de Zaragoza), que afectó el suministro e hizo que los 350 empleados de la empresa quedaran en vilo.
La falta de claridad y el impedimento para laborar con normalidad provocó, ayer, la manifestación de unos 150 funcionarios, en un plantel de La Uruca.
Según Felipe Mejía, representante de López y de los 350 empleados de Zeta, el bando de Zaragoza “mantiene secuestradas” las dos instalaciones más grandes (El Coyol y La Lima), a pesar de que no tiene el poder ni la representación legal para hacerlo.
Días atrás, Miguel Monge, representante del grupo de Zaragoza, dijo que el suministro se normalizaría a partir de ayer, una vez que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) llenara sus tanques. Eso no ocurrió.
“Nuestros camiones esperaron desde la mañana en el plantel de Recope, en Moín, pero no los abastecieron porque hay unidades de recarga que siguen sin habilitarse (producto del proceso judicial en curso)”, dijo Monge.
Una orden del Tribunal Contencioso-Administrativo los facultó a tomar posesión de los cinco planteles de Zeta, pero, según Monge, Recope se niega a brindarles el servicio pues aún no ha sido notificado de ese fallo.
El grave faltante en los comercios se da pese a que, el 29 de abril, la viceministra de Energía, Irene Cañas, aseguró que no habría desabastecimiento gracias a un acuerdo con las partes del conflicto. Ayer, el Ministerio de Ambiente y Energía no respondió a varias consultas de este diario.
¿Quién asume la responsabilidad?
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) delegó en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la responsabilidad del abastecimiento de los cilindros. El órgano regulador solo puede establecer sanciones administrativas contra Gas Zeta, en caso de comprobar, mediante inspecciones, que haya una anomalía en la continuidad del servicio.
“De comprobarse que hay suspensión, la empresa puede recibir una multa, y si es reincidente, una pérdida de concesión (que otorga el Minae)”, advirtió Carolina Mora, vocera de la Aresep.