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La Defensoría de los Habitantes se manifestó ayer en contra del eventual referendo que decidiría el futuro de un proyecto de ley que establece en el país la unión civil de personas del mismo sexo.
En un documento enviado a los medios de comunicación, la Defensoría indicó que la consulta popular sobre ese tema es “un acto discriminatorio en sí mismo”.
La razón principal de la Defensoría es que el referendo pondría en riesgo “el pleno goce de los derechos fundamentales de un sector de la población”, si el resultado de la consulta fuese negativo.
Esta posición de la entidad provocó diversidad de criterios entre dirigentes de grupos a favor de las uniones gais, la Iglesia Católica, abogados constitucionalistas y el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Precisamente, la defensora, Ofelia Taitelbaum, pidió ayer al Tribunal que profundice y le aclare si el referendo podría presentar roces con la Constitución Política.
Al respecto, el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, dijo a
Para que el TSE inicie el trámite oficial para convocar a referendo, el grupo llamado Observatorio Ciudadano tiene tiempo hasta el 15 de este mes para presentar las 136.750 firmas (equivalente al 5% del padrón electoral).
No obstante, Sobrado comentó que es casi un hecho que el referendo se concretará.
Francisco Madrigal, integrante de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual, comentó que “en este momento no nos queda más que unir fuerzas”.
El dirigente considera que “el tema de derechos no debería ser cuestionado”. También criticó el referendo poniendo como ejemplo una situación histórica: “¿qué habría pasado si en tiempos del machismo se hubiera convocado a un referendo para avalar el voto femenino?”.
Un criterio similar exteriorizó el abogado constitucionalista Javier Llobet, quien afirma que el referendo está siendo promovido más por un tema religioso que de derechos.
“Una decisión de este tipo (sobre la unión civil de homosexuales) no puede hacerse a base de la religión, porque se violentaría el derecho de libertad de culto”, explicó Llobet.
Por su parte, Mauricio Granados, canciller de la Curia Metropolitana, señaló que hasta ayer los obispos no habían emitido criterio alguno sobre la posición de la Defensoría de los Habitantes.
No obstante, la posición personal de Granados es a favor del referendo. “Ha sido la consulta popular la que ha resuelto (en otros países) está problemática”.
Datos de la Asociación Internacional de Gais y Lesbianas (ILGA) indican que 15 países permiten en la totalidad de su territorio la unión civil de personas del mismo sexo.
