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La Contraloría General de la República (CGR) determinó que la morosidad que el Estado mantiene con la CCSS se debe a la falta de compromisos reales entre ambas partes para saldar las obligaciones que, a marzo anterior, ascendían a ¢421.276 millones.
Por esa razón, el ente contralor exhortó a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda Arias, a coordinar con el Ministerio de Hacienda un plan para la firma de convenios que respalden las deudas estatales.
Dicha programación de pagos deberá estar lista a más tardar el 30 de noviembre entrante, según consta en un reciente informe de la CGR que analizó la morosidad que afecta al Seguro Social.
Los acuerdos entre Hacienda y la Caja deberán especificar quiénes serán los responsables de sus ejecuciones y monitoreos.
De los ¢421.276 millones que adeuda el Estado, el 75% (¢316.000 millones) permanecen sin formalización de pago.
La deuda estatal contempla las responsabilidades con los seguros de Salud y Pensiones.
Manuel Ugarte, gerente financiero de la Caja, dijo que la entidad “implementará lo solicitado (por la Contraloría), en procura de mejora de los procesos contables y de gestión de cobro”.
Giselle Segnini Hurtado, gerente del Área de Servicios Sociales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, señaló que la Caja presenta deficiencias en el registro de cuentas por cobrar.
Entre esas flaquezas, destaca que la CCSS no tiene separadas las deudas de entes públicos y de los privados, así como cálculos erróneos sobre cuentas incobrables.
De ese total, ¢569.588 millones son deudas con el Seguro de Enfermedad y Maternidad; los restantes ¢137.924 millones corresponden al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.
De la cifra total se desprende, por ejemplo, que las deudas por planillas en el sector privado son de ¢106.509 millones, de los cuales el 89% (más de ¢94.000 millones) corresponde a compromisos con más de un año de antiguedad.
No obstante, uno de los datos que más preocupa a la CGR es que de los ¢106.509 millones que adeudan los empresarios, ¢83.300 millones son de patronos inactivos.
Además, dice el informe, el Programa Estratégico de Gestión Cobratoria, que se inició en el 2006, ni siquiera ha sido evaluado para ver el cumplimiento de objetivos.
La Contraloría también halló que no hay una evaluación periódica sobre la recuperación de dinero asociada a cobros judiciales.
