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Casi el 80% del territorio de la reserva indígena Chorotega de Matambú, localizada en 3.900 hectáreas entre Nicoya y Hojancha, está en manos privadas.
Así se desprende de los datos que obtuvo, en el sitio, el Programa de Regularización del Registro y Catastro.
La entidad detectó que 868 de los 995 habitantes de la reserva son chorotegas.
Entre el resto (127), están los dueños de casi todo el territorio, dividido en 221 fincas particulares y 17 propiedades registradas a nombre de sociedades anónimas.
La reserva de Matambú se creó mediante ley en diciembre de 1977 y el territorio se delimitó en 1980.
Según la legislación, en en esos lugares solo pueden habitar aborígenes. Son tierras comunales administradas por asociaciones de desarrollo indígenas.
La asociación de Matambú es propietaria de tres fincas.
En el país hay 26 territorios bajo este régimen especial.
El artículo tres de la Ley Indígena dice: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.
Ilegalidad. El artículo tres también señala que los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas.
El traspaso, negociación de tierras o mejoras en las reservas entre indígenas y no indígenas “es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.
De allí que sea ilegal lo encontrado tras dos años de estudios topográficos, fotográficos, cartográficos y jurídicos por el Programa de Regularización.
Danilo Chaverri, consultor jurídico del Programa de Regularización, indicó que “no se ha respetado la ley y el primero que las ha irrespetado es el mismo Estado”.
Según las estadísticas del Programa, el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) posee seis fincas dentro de esta reserva, situación que se repite en otras reservas indígenas del país.
La Contraloría General de la República denunció esta situación en un informe de marzo del 2007.
Chaverri explicó que la Ley también es clara en cuanto a que el Estado debe expropiar los terrenos inscritos antes de la emisión de la ley y que estuvieran de buena fe en manos de particulares.
El abogado dijo que esto se ha interpretado erróneamente como que a quienes no expropiaron después del 1977 tienen derecho de vender la tierra a quien sea.
Agregó que si bien los poseedores de buena fe tienen derecho a que les paguen la expropiación, no pueden vender sus tierras.
Chaverri insistió en la prohibición legal existente para comprar tierras en las reservas indígenas, aunque estén registradas a nombre de particulares.
También calificó de grave esta situación porque en el Registro Público no hay anotaciones que identifiquen cuando una propiedad está dentro de una reserva.
Esto, dijo, se ha prestado para negociaciones y estafas pues muchas personas compran tierras cuya venta está prohibida.
