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La violencia contra mujeres comunicadoras en Costa Rica ocurre en dos espacios que se superponen: el trabajo y las plataformas digitales. Ocho de cada diez mujeres comunicadoras reporta haber experimentado violencia digital en el ejercicio de su profesión.
El dato proviene del informe Violencia digital contra mujeres en el ejercicio profesional de la comunicación, elaborado de forma conjunta por el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Periodistas (Colper), con base en 214 encuestas a profesionales de áreas como periodismo, comunicación audiovisual, relaciones públicas, publicidad y mercadeo.
¿Dónde ocurre la violencia?
El entorno físico de trabajo concentra la mayor frecuencia de agresiones. Un 28,6% se produce en el lugar laboral y un 19,1% en reuniones profesionales. Estos espacios están atravesados por relaciones jerárquicas y dinámicas entre colegas.
Las redes sociales y entornos digitales aparecen como un segundo escenario relevante. El informe los vincula directamente con el ejercicio profesional, debido al uso constante de estas plataformas para informar, opinar y participar en conversaciones públicas.
Esa doble exposición —presencial y digital— amplía los escenarios de riesgo, en especial cuando los perfiles personales se utilizan con fines laborales.
¿Quiénes ejercen las agresiones?
Dentro de las organizaciones, las jefaturas son el principal actor identificado, con un 30,5% de los casos. Les siguen los colegas, con un 24,5%, lo que evidencia que la violencia también se origina en el entorno inmediato de trabajo.
En el espacio digital, predominan personas usuarias comunes, cuentas anónimas y troles. El anonimato incide en la dificultad para identificar responsables: un 17,5% de las comunicadoras no logra reconocer a sus agresores.
El informe documenta además que los ataques pueden escalar cuando figuras públicas cuestionan a periodistas, lo que activa dinámicas de amplificación en redes sociales.
El lenguaje como primer campo de agresión
Las agresiones se concentran principalmente en formas discursivas. La manifestación más frecuente de violencia es la simbólica (22,3%), seguida de la verbal (21,4%). Juntas, representan casi la mitad de las agresiones reportadas.
Dichos ataques se dirigen, en su mayoría, a cuestionar la legitimidad profesional. El 36,2% de los mensajes se enfoca en cuestionar el conocimiento de las comunicadoras y el 32,7% en su objetividad. También se registran cuestionamientos a la ética (27,7%) y a las instituciones o medios donde trabajan (31,3%).
El informe identifica una diferencia de género en la naturaleza de las agresiones. Cuando las víctimas son mujeres, los ataques incorporan elementos de sexualización y estereotipos machistas.
En ese contexto, un 15,1% de los ataques se dirige a la apariencia física y un 12,7% a la edad. Además, un 4% de las comunicadoras reporta acusaciones que vinculan sus logros profesionales con relaciones personales. El estudio también registra violencia sexual (13,2%) y económica (10,8%), así como formas de agresión psicológica (15,2%) y laboral (16,2%).
Cuando la violencia trasciende lo digital
Las agresiones no se limitan al entorno virtual. Al menos 18 de las comunicadoras encuestadas reportaron amenazas contra su integridad física, mientras que 15 señalaron intimidaciones dirigidas a personas cercanas, como familiares o colegas.
Estos datos reflejan que los ataques digitales pueden extenderse hacia la vida personal y el entorno inmediato.
¿Qué efectos tiene en el ejercicio profesional?
Las consecuencias se concentran en la forma en que las comunicadoras participan en el espacio público.
El 80% reporta autocensura, el 77% afectaciones a la salud mental y el 56% abandono de espacios digitales, temas o funciones profesionales.
Además, el estudio indica que el 32,4% de las comunicadoras presentó una denuncia o emitió algún tipo de comunicado institucional. Sin embargo, entre quienes denunciaron, solo el 13,4% recibió una respuesta considerada adecuada. En contraste, el 32% calificó la respuesta como insuficiente y el 29,9% señaló que no obtuvo ninguna respuesta.
