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A menos de una semana para que inicie el curso lectivo, seis de cada diez buses que se dedican al transporte de estudiantes carecen del permiso que emite el Consejo de Transporte Público (CTP).
Dicho consejo, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), solo ha aprobado la operación de 1.150 buses de los 2.500 que usualmente dan el servicio.
La mayoría de los dueños de las 1.350 unidades restantes todavía no han tramitado el permiso.
Javier Vargas, presidente del CTP, indicó que en este momento tienen 200 solicitudes en estudio y que otras 100 fueron rechazadas por incumplimientos.
En este último caso, al empresario se le da la opción de subsanar la falta y volver a pedir el permiso.
La aprobación del CTP es un requisito indispensable para cualquier transportista de estudiantes, ya sea que labore para un centro público o privado.
Entre las disposiciones que las unidades deben cumplir para obtener el aval del Consejo figuran: contar con póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) y cinturones en todos lo asientos.
Además, en el caso del transporte de escolares, el operario debe comprometerse por escrito a que un mayor de edad acompañará a los infantes durante el viaje.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) financia el servicio de transporte para 85.000 alumnos de escuelas y colegios públicos.
Paralelamente, una cifra no cuantificada de escolares y colegiales se moviliza en los servicios que contratan sus padres o los centros privados donde estudian.
Sanciones. El presidente del CTP se mostró preocupado por las pocas solicitudes de permiso presentadas, pese a que el proceso de recepción se abrió en noviembre pasado.
Según Vargas, esta situación nunca antes había sido tan grave.
“Nosotros nos comprometemos a hacer las evaluaciones en 24 o 36 horas, pero no podemos hacerlas si los transportistas no solicitan la autorización”, indicó.
Por otra parte, anunció que en las primeras dos semanas del curso lectivo (a partir del 10 de febrero) realizarán operativos conjuntos con la Policía de Tránsito para rastrear transportistas ilegales.
Ellos se exponen al retiro de las placas o multas que oscilan entre los ¢5.000 y ¢10.000.
Álvaro Sagot, vocero de los transportistas de estudiantes, dijo que la mayoría de sus representados ya presentó la solicitud.
No obstante, afirmó que el CTP no notifica de forma adecuada los fallos en las unidades cuando rechaza los permisos, lo cual dificulta a los empresarios hacer las modificaciones necesarias.
Sagot admitió que muchos transportistas laboran sin los permisos. A su criterio, la Policía de Tránsito no es suficientemente rigurosa con los controles.
