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El principal sindicato de trabajadores de la CCSS, Undeca, interpuso este miércoles un recurso de amparo contra el presidente Luis Guillermo Solís y su ministro de Hacienda, Helio Fallas, por incumplir el pago de la cuota estatal para el régimen de IVM.
"Estamos ante una flagrante conducta ilegal del Poder Ejecutivo. El ministro de Hacienda está obligado a incluir las partidas en el presupuesto, y no pagar las cuotas es un delito.
"La negativa del Gobierno pone en riesgo el régimen, y vulnera los derechos de las personas más vulnerables de nuestro país", manifestó Luis Chavarría, secretario general de ese sindicato en un comunicado de prensa que circuló este miércoles por la tarde.
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El Estado acumula una deuda por cuotas obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de más de ¢709.000 millones.
Parte de esa deuda corresponde al incremento de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal, acordado por la Junta Directiva de esa institución en julio del 2016.
Ese aumento se hacía efectivo en setiembre del año pasado, pero desde entonces Hacienda no ha girado un solo colón aduciendo incapacidad financiera para asumir el pago.
Solo por este concepto, el Estado debía ¢70.000 millones en marzo anterior, según datos de la Gerencia Financiera de la Caja.
El Estado venía pagando 0,58% de aporte por cada trabajador. Con el aumento, la cuota quedó en 1,24%.
El IVM es el principal fondo de pensiones de Costa Rica, al cual cotizan 1,5 millones de trabajadores y 83.442 patronos. El sistema cuenta con más de 225.984 jubilados.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social considera que Solís y Fallas han desatendido sus obligaciones constitucionales con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
"Con la interposición de este recurso, Undeca espera que se tutele el derecho fundamental a la pensión y se le ordene al Poder Ejecutivo, en primer lugar, cancelar la deuda e incluir en el presupuesto 2018 la partida correspondiente a la totalidad de las cuotas que como Estado y Patrono debe pagar al Seguro Social", manifestó el sindicato en el boletín de prensa.
En setiembre pasado, Martha Cubillo, viceministra de Egresos y tesorera nacional, justificó el pendiente de pago bajo el alegato de "estado de necesidad", debido al déficit fiscal.
En un comunicado de prensa en respuesta al amparo interpuesto por Undeca, el Ministerio de Hacienda sostiene que la administración Solís Rivera está comprometida con la seguridad social.
"En el Presupuesto Nacional 2018 se incluyen ¢783.062,00 millones (2,18% del PIB), entre transferencias (¢690.557.07) y Ley de Protección al Trabajador (¢92.504,93), de los cuales el IVM recibirá un total de ¢281.762,31 millones.
"(...) Este Ministerio entiende la importancia de aquellos rubros de gasto señalados, pero su financiamiento debe ser, en la medida de lo posible, con recursos frescos y no con deuda.
"No se puede seguir endeudando al país sin considerar las consecuencias que esto pueda tener en la población. Por tal razón, reitera el llamado para avanzar en la reforma fiscal y para dar una solución definitiva a la situación de las finanzas públicas", manifiesta el boletín de Hacienda.
'Estado de necesidad'
Oficialmente, la Junta Directiva de la Caja fue notificada por Hacienda sobre su "imposibilidad de pago" el 20 de setiembre. Ese mismo día, se acordó nombrar una comisión conjunta para buscar una salida.
Recientemente, trascendió que el Gobierno no incluyó en el Presupuesto Nacional del 2018 los recursos para cubrir el alza de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal a los regímenes de pensiones.
Antes de enviar el plan de gastos al Congreso, el Ministerio de Hacienda pasó la tijera y solo asignó el 0,58% que el Estado venía pagando por cada trabajador, tanto del sector público como privado.
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El 2016 cerró con un déficit del 5,2% del producto interno bruto (PIB).
El Banco Central había estimado que ese indicador subiría a un 5,9% del PIB para este año.
No obstante, en una revisión posterior, divulgada a finales de julio, el BCCR subió la proyección del déficit fiscal a un 6,1% del PIB y proyectó un 6,8% para el próximo año.
El alza del 0,66 puntos porcentuales obligaría al Estado a desembolsar unos ¢56.000 millones adicionales, según cálculos de Hacienda.
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El incremento en la cuota estatal es una de las medidas de corto plazo acordadas por la Junta Directiva de la Caja mientras se define una nueva reforma al IVM.
La Caja también acordó subir la cuota obrera, que pasará de 2,84% a 3,84% –con incrementos fraccionados– en enero próximo.
