Dennis Porras llegó desde Jacó con un sobrino suyo y otros parientes para que le hicieran un examen de sangre al niño en el Hospital México.

Lo que que se encontraron fueron grandes filas en el servicio de Laboratorio y sin que nadie les supiera responder si los atenderían o no.

“No hay información, hay un montón de fila y uno pregunta y le dicen que hay que esperarse. No sabemos si la fila es correcta, el niño está en ayunas. Levantados desde temprano... son dos horas de viaje”, expresó.

Laura Salas llegó desde más lejos, Tamarindo, Guanacaste, adonde no podrá regresar este mismo martes porque tendrá que esperar cinco horas por los medicamentos.

“Con la cita, no he tenido problema, el médico me atendió a la hora que era, ya estoy lista para irme, pero con la Farmacia sí tengo problema, porque tengo que esperarme cinco horas para que me den los medicamentos. Tenía que irme hoy mismo y ya no, por la tarde no hay autobús que me lleve”, explicó.

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La causa de estas congojas es la nueva jornada de protestas convocada por los sindicatos de salud, luego de la orden de la Contraloría General de la República para que la CCSS cumpla con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en lo que respecta a pago de anualidades y pluses.

“Hacemos un llamado a los sindicatos de salud a que no dejen a esa población desatendida, a que no dejen que por un asunto que escapa al bienestar de toda la población, se vean comprometidos esa calidad y oportunidad de los servicios de salud que nos ha caracterizado como país”, manifestó el ministro de Salud, Daniel Salas.

El órgano contralor, en una decisión dada a conocer el jueves último, instruyó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que ignore los acuerdos con el llamado Frente Sindical, según el cual, a los 57.000 empleados de la entidad les mantendrían el cálculo de anualidades y pluses de manera porcentual y no como un monto fijo, según lo establece la nueva ley.

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Esa situación se mantendría mientras se resolvía un proceso de levisidad en los tribunales, lo que podría durar hasta más de cinco años.

La Contraloría, sin embargo, determinó que los acuerdos del 20 de febrero y del 12 de agosto –este último para poner fin a la huelga ocho días– no constituyen actos administrativos ni son generadores de derecho; por lo tanto, la Caja debe cumplir la ley.

Como parte de la resolución, además, se le indicó a la Junta Directiva que debían reunirse en sesión extraordinaria para responder cómo acatarán la orden.

Esa sesión se realiza este martes, por lo que los líderes sindicales llamaron a manifestarse en las afueras de la Caja, con la amenaza de llamar a cese de labores.

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Aunque inicialmente solo era una manifestación, los asegurados resienten la falta de atención o lentitud en los servicios.

Las autoridades de la Caja aseguraron que darán a conocer tanto los resultados de la sesión de Junta como el impacto de esta convocatoria sindical.

Reporte de afectaciones

Apenas un 46% de los quirófanos se encuentran en funcionamiento por falta de personal. Así lo reportó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al mediodía.

“Personal de apoyo se ha sumado al movimiento lo que ha implicado que no se cuente con todo el recurso humano necesario para la puesta en uso de todos los quirófanos, dando prioridad a la atención de cirugías de emergencias y electivas”, comunicó la CCSS.

El Hospital Calderón Guardia es el que reporta mayor afectación, pues apenas cinco de sus 23 quirófenos están operando pacientes.

Pese a que personal de servicios de Consulta Externa, Emergencias y Hospitalización de esos centros médicos se sumaron a la huelga de este martes, la CCSS reporta afectación mínima en esos servicios porque esas unidades implementaron planes de contingencia que hasta ahora garantizan la atención de pacientes.

Laboratorio, Farmacia y Nutrición también reporta demora en la atención de pacientes.

“Hay personas que se están quedando sin cirugías que estaban programadas mucho tiempo atrás; pacientes que tienen padecimientos crónicos que se están quedando su medicamento y se pueden descompensar. No queremos que esto ocurra, así que como Gobierno hacemos un llamado a que se respete el derecho inviolable a la vida”, expresó el jerarca de salud.

Mientras tanto todos los Ebáis del país se mantienen en funcionamiento.

Por su parte, Priscila Balmaceda, directora del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, dijo que en ese centro médico un 16% del personal del turno de la mañana se unió al movimiento. Aquí se suspendieron 10 cirugías programadas.