Una familia de Tucurrique, en Cartago, acudirá este martes a denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el supuesto ‘desvío’ de un hígado que estuvo disponible para trasplante el domingo 13 de marzo, en el Hospital Calderón Guardia.
Alejandra Zamora Anderson, hermana de la paciente afectada (de quien se reserva la identidad), asegura que lo vivido es similar a lo que enfrentó otro enfermo del Hospital México ese mismo día, a quien también le habrían arrebatado la posibilidad del trasplante por razones no médicas.
Zamora cuenta que a su hermana, de 31 años, la llamaron del Hospital Calderón Guardia ese domingo para los exámenes previos al procedimiento, pero varias horas después le informaron de que no se le haría la cirugía porque había dado positivo por covid-19.
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Tres días después, esta familia cartaginesa conoció por la prensa la denuncia que interpuso Daniel Montoya Vargas, hermano del paciente del Hospital México, y se sorprendió al hallar similitudes con lo vivido por ellos. La denuncia de Montoya es por la supuesta manipulación de la lista de espera de candidatos a trasplante y el supuesto tráfico de órganos de parte de autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Salud, relacionadas con el programa de donación y trasplante de órganos y tejidos.
En el caso de Montoya, su familiar pasó los estudios previos y estaba listo para entrar al quirófano cuando le informaron de que, por razones administrativas, el órgano se colocaría a otro paciente del Calderón Guardia. Ese otro paciente no fue la hermana de Zamora Anderson. Ella cuenta que junto a su familiar ese domingo también fue convocado para exámenes un adulto mayor, quien les contó que era padre de una funcionaria del Calderón.
'Es muy duro ver a mi hermana tan enferma', relata pariente de candidata a trasplante
“Yo quiero poner la denuncia para alzar la voz. Quién sabe cuántas veces han pasado estas cosas y uno, por quedarse callado, permite que sigan pasando y no puede ser así. Ha sido muy duro ver a mi hermana enferma. Hay días en que no puede ni levantarse. Una muchacha tan joven y ahora tan dependiente de todos.
“Ese domingo, lloramos de alegría al saber que ese hígado era para ella. Y al final, simplemente, nos dijeron ‘no, lo ganó el hospital México’. Tras de eso la dieron positivo por covid, hasta con orden sanitaria, y no es así”, dijo Alejandra Zamora, que explicó que la familia le pagó una prueba aparte, que resultó negativa.
Su hermana es mamá de dos niñas, de 11 y 8 años. Luego del parto de su hija menor desarrolló cirrosis y en enero pasado, los médicos le dijeron que su condición es terminal. Requiere un trasplante en los próximos meses porque su estado actual compromete su pronóstico de vida.
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La familia seguirá el ejemplo de Montoya Vargas y también acudirá a la Sala Constitucional a presentar un recurso de amparo. Montoya lo hizo, los magistrados lo acogieron para trámite, y ordenaron a la CCSS asegurar la atención a su hermano.
El Ministerio de Salud aseguró la semana anterior, que pedirá cuentas a la CCSS sobre lo sucedido durante el operativo de trasplante del domingo 13 de marzo. Por su parte, la Gerencia Médica de la CCSS, en un comunicado de prensa, se abstuvo de dar detalles por estar el caso judicializado.
“Como en esas ocasiones, varias circunstancias pueden provocar cambios en el curso de la distribución e implante del órgano y, ante determinadas circunstancias, el objetivo es asegurar que ese órgano sea utilizado y colocado en la persona idónea, cumpliendo así la voluntad de la persona donante y su familia”, señaló la CCSS.
La presidenta de la Fundación Vida Nueva Donación y Trasplante, Rosibel Arrieta Alvarado, espera que esta situación se aclare y solicita intervenir la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud y la Coordinación Institucional de Donación y Trasplante de la CCSS.
“Como representantes de muchos pacientes, esperamos que el país cumpla con los principios orientadores de diversos acuerdos que ha suscrito en materia de salud, como son la equidad, ética, igualdad y no discriminación, transparencia y enforque de derechos, entre otros. Tenemos confianza en que esta denuncia se dilucide de una forma responsable y ética”, aseveró Arrieta.
