Médica pone recurso contra regreso de funcionarios no vacunados a hospitales
Sala IV estudia reclamo, según el cual, reincorporación de personal sin vacuna anticovid viola derecho a la salud de otros empleados y de pacientes
15/02/2021/ Gira vacunación frontera con Nicaragua / Seguimos a dos funcionarios de la CCSS de Sarapiquí quienes recorren en moto largas distancias para vacunar contra la Covid-19 a niños y adultos a lo largo del rio Sarapiquí y hasta la desembocadura del Rios San Juan frontera con Nicaragua / Foto: John Durán John Durán
Más de 200 funcionarios de la CCSS fueron suspendidos de sus trabajos por rehusar la vacuna contra la covid-19. Retornaron a sus puestos el 28 de setiembre. (John Durán)
Una médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó un recurso de amparo contra el regreso a los centros de salud de los funcionarios que se niegan a vacunarse contra la covid19. Para esta profesional, la negociación que permitió ese retorno viola su derecho a la salud y el de los enfermos que acuden por atención a los servicios de la Caja.
El recurso fue presentado el 28 de setiembre, mismo día en que estos trabajadores regresaron a sus puestos. La oficina de prensa de la Sala Constitucional informó de que ya se le dio curso a la gestión de la médica, por lo que el reclamo está en estudio.
Este amparo, que se tramita bajo el expediente 22-021853-0007-CO, fue planteado contra la CCSS, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Presidencia, cuyas autoridades se han sentado a negociar en dos ocasiones con los representantes de los funcionarios cesados en febrero por rechazar la vacuna contra la covid-19.
En la reunión más reciente, realizada el 27 de setiembre, acordaron el regreso del personal a sus trabajos. La CCSS informó de que también se acordó dejar sin efecto la circular GG-0359-2022/GA-DJ-00984, del 3 de febrero del 2022, que ordena la salida de los funcionarios sin vacuna anticovid.
La disposición ordenaba sacar de los centros de salud, oficinas y cualquier otra dependencia de esa institución a quienes no se hubieran puesto la vacuna. A partir de ese momento, se les aplicó la rebaja salarial por el tiempo no laborado y se iniciaron los procedimientos disciplinarios.También se dejó sin efecto un oficio complementario a esa medida, del 18 de febrero.
Según supo este diario, desde que se iniciaron esas investigaciones administrativas alrededor de 210 trabajadores habían sido separados de sus puestos por negarse a recibir la dosis contra la enfermedad pandémica.
Pedido a Sala IV
Copiado!
En su gestión ante la Sala, la recurrente reconoció su preocupación porque la CCSS y los ministerios de Trabajo y Presidencia estuvieran procurando el regreso de ese grupo de empleados.
Como médica y funcionaria de la CCSS, afirmó en el recurso, está claro en que se tienen derechos pero también responsabilidades con los pacientes, sobre todo, con aquellos con una salud más vulnerable.
En su petitoria a la Sala Constitucional, recordó que es obligación de la CCSS proteger a poblaciones vulnerables y también a cada uno de los funcionarios de forma individual. “Es un hecho demostrado que aún se presentan miles de casos y fallecen personas semanalmente por complicaciones relacionadas con el virus. Últimamente, también ha atacado con fuerza a niños que no cuentan aún con su esquema de vacunación completo”, sostiene en el recurso.
Estos funcionarios no vacunados se han negado sistemáticamente a la inmunización, dijo la médica, con argumentos que se han refutado, una y otra vez, desde el punto de vista científico y legal.
La próxima reunión entre CCSS y trabajadores no vacunados está programada para el 21 de octubre, pues ellos tienen otras pretensiones, como el reconocimiento de salarios dejados de percibir durante su suspensión. Además, solicitan dejar sin efecto los procesos disciplinarios instaurados en contra de las personas removidas de sus puestos desde febrero anterior.
Al Ministerio de Trabajo le piden que se les abra un “fuero de protección” y se les haga el “depósito inmediato” de al menos un salario para necesidades básicas.
La solicitud incluye “tratamiento psicológico” y la posibilidad de acogerse a la movilidad laboral para “evitar más daños a la salud mental debido a la discriminación”.
