Marta Esquivel cancela a última hora sesión de Junta Directiva de CCSS
Jerarca de la Caja convocó a los directivos a sesionar este jueves, pero luego decidió cancelar el encuentro para no ‘entorpecer’ el proceso judicial en su contra
Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), canceló a última hora la sesión de Junta Directiva convocada por ella misma para este jueves 3 de octubre a las 2 p. m. La razón expuesta al resto de miembros de ese órgano, minutos antes de la 1 p. m., fue que suspendía el encuentro para no entorpecer el proceso judicial que enfrentan por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de administración de diez áreas de salud.
La cancelación fue confirmada por la oficina de prensa de la CCSS. La entidad informó de que la jerarca decidió solicitar al juez que analiza el caso, una autorización para que la Junta Directiva se reúna en casos urgentes.
En la actualidad, el Juzgado Penal de Hacienda analiza una solicitud de medidas cautelares contra Esquivel y siete personas más, entre las que hay directivos, exdirectivos y la gerente general interina, María Gutiérrez Brenes. Los imputados podrían ser suspendidos de sus cargos por seis meses mientras avanza la investigación judicial.
Como parte de ese proceso, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó el 23 de setiembre, 28 allanamientos y ocho detenciones. Entre los sitios allanados estuvieron la vivienda y oficina de Esquivel.
Temas a discutir en la sesión de Junta Directiva de CCSS
La sesión convocada y suspendida por la presidenta ejecutiva de la CCSS para este jueves 3 de octubre, se iba a ejecutar bajo la figura de funcionario de hecho, un mecanismo habilitado por la ley para reunirse de manera extraordinaria cuando faltan miembros. La condición para sesionar en esa modalidad es que solo se pueden abordar temas urgentes que tengan una justificación legal y técnica.
Entre los temas incluidos en la agenda que se discutiría este jueves estaba el futuro del fideicomiso firmado con el Banco de Costa Rica para ejecutar obras de infraestructura, el cual vence el próximo 23 de octubre sin que se defina si continuarán con ese modelo de trabajo o los proyectos constructivos, valorados en ¢407.000 millones, pasarán a manos de la CCSS.
Entre las obras, las áreas de salud son fundamentales, pues se encargan de la atención médica de asegurados en cantones o distritos, ofreciendo consulta general, servicios ambulatorios, odontología, atención de urgencias, entre otros.
Precisamente, este jueves, la Cámara Costarricense de la Construcción expresó su preocupación al respecto. “La no renovación del fideicomiso no solo afecta la salud pública, sino también la economía del país, al detener proyectos que generan miles de empleos directos e indirectos en el sector construcción”, declaró Randall Murillo, director ejecutivo de esa organización.
Otro tema incluido en la agenda, en la sección de asuntos confidenciales, era el informe técnico sobre la atención de una recién nacida en el Hospital La Anexión, en Nicoya, Guanacaste, en enero pasado.
La causa judicial contra Marta Esquivel y siete personas más
A la jerarca de la CCSS, la gerenta general interina, tres directivos y tres exdirectivos se les sigue causa judicial por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y presunto tráfico de influencias, en los que habrían incurrido al aprobar la contratación con aparentes sobreprecios de cuatro cooperativas y una asociación médica para operar 138 Ebáis por diez años.
De acuerdo con la Fiscalía, Esquivel y los demás imputados mantuvieron comunicación con los oferentes durante el proceso de licitación, efectuaron reuniones con ellos y adjudicaron, pese a la existencia de criterios técnicos que señalaban costos excesivos. Las estimaciones de los fiscales, basadas en criterios financieros emitidos por varios departamentos de la CCSS, señalan un exceso de ¢12.400 millones anuales con respecto a los contratos de administración vigentes.
Marta Esquivel Audiencia Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, sale de los Tribunales de Justicia, en Goicoechea, San José, después de una de las audiencias para fijar medidas cautelares. (JOHN DURAN)
Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, indicó la semana pasada que la actuación de los directivos habría provocado una adjudicación con un incremento anual del 33% con respecto a lo que cuestan, en la actualidad, los servicios de administración dados por esas mismas cooperativas y la asociación médica.
¿Qué adjudicó la CCSS?
El Sistema Integrado de Compras Públicas refleja que la CCSS adjudicó las diez áreas de salud que atienden a 600.000 asegurados, aproximadamente por ¢471.000 millones a cinco entidades: Asemeco; Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud (Coopesalud); Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud (Coopesaín); Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana (Coopesana) y Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva (Coopesiba).
A Asemeco le entregó las áreas de salud de La Carpio-Leon XIII y San Sebastián-Paso Ancho por ¢45.740 millones y ¢39.237 millones, respectivamente, durante esos 10 años.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud le adjudicó las áreas de salud de Pavas por ¢78.290millones y Desamparados 2 por ¢65.228 millones.
A la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud le otorgó el área de salud de Tibás por ¢39.558 millones durante una década.
A la Cooperativa Cogestionaria de Salud de Santa Ana le adjudicó las áreas de salud de Escazú, Santa Ana y San Francisco-San Antonio por ¢50.269 millones, ¢49.014 millones y ¢31.310 millones, respectivamente.
Por último, a la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva le adjudicó las áreas de salud de Barva y San Pablo, en Heredia, por ¢28.802 millones y ¢43.710 millones, respectivamente.
En todos los casos, los contratistas ya depositaron las garantías de cumplimiento.
