Informe de Auditoría de CCSS obliga a Gobierno a abrir investigación contra directivo Adrián Torrealba
Órgano fiscalizador concluye que millonaria deuda de representante de patronos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le impide mantener silla en cúpula de entidad. Torrealba refuta cobro
12/03/2020. GN Medios, Tibás. Hora: 09:10 a.m. Entrevista con Adrián Torrealba, abogado especialista en derecho tributario, realizada en las instalaciones de GN Medios en Tibás.
Fotos: Mayela López Mayela López
Casa Presidencial comunicó, este jueves 7 de diciembre, la apertura de un proceso administrativo contra Adrián Torrealba Navas, representante del sector patronal en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según el Poder Ejecutivo, la decisión responde a un informe de la Auditoría Interna de la CCSS que señala una deuda del directivo con la Seguridad Social por ¢156 millones, situación que de acuerdo con el órgano fiscalizador, infringe el artículo 7 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Esa norma dispone que quienes “estén declarados en insolvencia o quiebra, o sean deudores de la Caja” no podrán ser parte de la Junta Directiva de la entidad.
La deuda, según los auditores, se origina de las actividades del directivo como trabajador independiente. Torrealba Navas es un reconocido abogado especialista en Derecho Tributario.
En el 2021, aportó $15.000 al fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual financió gastos electorales de la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Adrián Torrealba Adrián Torrealba Navas, abogado y directivo de la CCSS desde mayo de 2022. (Mayela López)
Consultado por La Nación, Adrián Torrealba, dijo conocer el informe de la Auditoría Interna y la apertura de la investigación por parte del Consejo de Gobierno.
Primero, aclaró que no se le debe “dar vueltas” a su donación al fideicomiso ligado a la campaña presidencial de Chaves, pues recordó que su nombramiento en la Junta Directiva de la Caja fue en representación de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y no por el Gobierno.
Además, dijo, no considera que un profesional como él requiere un cargo como ese en pago de “un favor”. “El favor lo hago yo al estar ahí (en sesiones), horas de horas ganándome ¢60.000 en dietas”, aseveró.
Torrealba refuta cobro
Sobre la deuda, Torrealba alegó que no se trata de ¢156 millones, sino de poco más de ¢50 millones.
“Eso es una necedad, porque la Auditoría Interna no está tomando en cuenta la ley de condonación (de deudas de trabajadores independientes) ni la ley de prescripción de deuda y yo ya solicité me apliquen eso”, añadió en referencia a la Ley del Trabajador Independiente, aprobada en diciembre del 2022.
Por último, aseguró que existe una medida cautelar provisional vigente, ordenada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que suspende los efectos del cobro que pretende la CCSS en su contra.
“Lo que están haciendo, 15 años después, es decir: ‘todas las facturas que yo le envié están malas’ (...) El punto es que yo considero que ellos (la CCSS) están yendo contra sus propios actos, porque ya me habían determinado un monto cada mes y yo pagué. Ahora vienen a anular sus propios actos y eso no se puede hacer”, expresó el especialista en Derecho Tributario.
Torrealba criticó, además, el convenio de cooperación entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda para que los inspectores de la Seguridad Social tuvieran acceso a las declaraciones de renta, medida que dio origen a cobros por aparentes “subdeclaraciones”.
“Ahí es cuando los chavalos comienzan a hacer la fiesta, porque empiezan a ver discrepancias. No es que yo tenía la obligación de declarar un monto del impuesto de renta, eso nunca estuvo claro, tampoco había posibilidad ni deber de declarar, pues en el Sicere (Sistema Centralizado de Recaudación) no se puede declarar”, dijo.
De acuerdo con Torrealba, el Ministerio de Hacienda debía trasladar la información que los inspectores solicitaran y no darles acceso automático e irrestricto.
En una resolución del 9 de enero de 2022, ante una denuncia de un ciudadano, la Defensoría de los Habitantes, recomendó revisar ese acuerdo e informar al respecto a la Agencia de Protección de Datos.
