EscucharLa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta desde este lunes una situación sin precedentes con la detención de su presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, y de cuatro directivos, uno de los cuales dejaba el puesto a partir de este miércoles 25 de setiembre.
El hecho se suma a la lista de problemas de un órgano marcado por la inestabilidad a lo largo de esta administración, que comenzó en mayo de 2022. Desde entonces, se han dado suspensiones por orden del Consejo de Gobierno, reinstalaciones por decisión de la Sala Constitucional, renuncias y destituciones.
Este último capítulo de allanamientos y capturas relacionadas con la investigación por una adjudicación a cooperativas con supuestos sobreprecios, deja a la Directiva, conformada por nueve personas, con solo cuatro miembros para trabajar. Bajo esas circunstancias, según el reglamento, el máximo órgano de la Caja solo podría sesionar para discutir temas urgentes.
Los habilitados para sesionar son Martha Rodríguez González, representante sindical; Martín Robles Robles, delegado del sector cooperativista; Vianey Hernández Li, del solidarismo y Juan Manuel Delgado Martén, del bloque patronal.
En el caso de Rodríguez, ella no participó en la sesión donde se aprobó la cuestionada adjudicación a cooperativas para la administración de 138 Ebáis. En tanto, los últimos tres miembros no habían sido nombrados cuando se dio la votación.
La noche del martes, Esquivel y los restantes funcionarios quedaron en libertad pues el Ministerio Público descartó solicitar prisión mientras continúan las pesquisas. La petición fue la suspensión de sus cargos como directivos, impedimento de salida del país y presentación a firmar cada mes ante el Juzgado.
La audiencia continua este miércoles, cuando se conocería la decisión del juez.
Una salida por mes en Junta Directiva de CCSS
Antes de las detenciones, la Junta Directiva de CCSS ha pasado por múltiples trastornos.
Uno de los más importantes ocurrió en diciembre de 2022, cuando el Consejo de Gobierno suspendió a cinco directivos con el argumento de que a pesar de tener parientes que laboraban en la CCSS, no se abstuvieron de votar el aumento retroactivo de los trabajadores de la entidad.
Meses después, la Sala Constitucional restituyó a Martha Rodríguez y a José Luis Loría, quienes interpusieron un recurso de amparo. Posteriormente la Sala también ordenó la reinstalación en el cargo de Carlos Salazar Vargas.
Con la suspensión se vio la necesidad de nombrar nuevos miembros, pero con la orden de la Sala hubo que revertirlos.
Estas decisiones más las renuncias y destituciones posteriores han generado 28 salidas, en promedio, una por mes. La más reciente se confirmó este 19 de setiembre, con la renuncia de Jorge Porras López, representante del bloque estatal, cuya salida se hacía efectiva este miércoles.
La falta de miembros incluso produjo que no se pudiera sesionar durante casi un mes en 2022 y durante al menos dos semanas en abril pasado.
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¿Qué pasará en la Junta Directiva de la CCSS?
En la situación actual, la Junta se enfrenta a establecer cómo va a funcionar mientras se aclaran los nublados sobre su conformación.
Para Luis Felipe Rodríguez Vargas, especialista en Derecho Público y Administrativo, en estas circunstancias la Junta Directiva tendría que justificar muy bien lo que se considera como urgente para poder sesionar. Y, aun cuando fuera así, los miembros de la Junta que no estuvieron presentes podrían aducir que no fueron tomados en cuenta.
“Urgencia y necesidad son conceptos jurídicos indeterminados; aplicados a casos concretos pueden significar muchas cosas. ¿Qué significa urgencia? Debe justificarse, que si yo no lo hago en este momento no lo puedo hacer después”, dijo.
Rodríguez hizo esta manifestación luego de que se conociera la intención de los miembros de Junta de sesionar este martes a la reunión convocada para las 5 p. m. Al final, el encuentro fue declarado confidencial.
En criterio del abogado, un miembro que no estuvo en posibilidad de asistir este martes podría reclamar no haber participado de la discusión.
“Para las personas que se encuentran detenidas, esta es una condición absolutamente inhabilitante para que puedan ejercer su función“, afirmó Marvin Carvajal Pérez, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo.
Según el jurista, si en estos días en agenda hubiera un tema de vida o muerte sobre prestación de servicios esenciales, lo que se podría justificar es un nombramiento ad hoc para esa reunión.
“Lo que sería inadmisible es que se suspenda por varias sesiones consecutivas”, expresó.
Este martes, Marta Esquivel, así como la gerenta general de la institución, María de los Ángeles Gutiérrez, además de los directivos y exdirectivos detenidos se encontraban en la audiencia de medidas cautelares. Lo que ordene el Juzgado Penal será decisivo para el funcionamiento de la Directiva en las próximas semanas.
“Si se impusieran medidas cautelares que impidieran a alguna persona o personas asistir a las sesiones, el Consejo de Gobierno debería tomar medidas para hacer nombramientos en sustitución mientras se mantengan las medidas cautelares”, destacó Carvajal.
Entre esas medidas que podrían aplicarse están la inhabilitación para asistir a las sesiones o la suspensión.
“Sería extremadamente riesgoso para la institución que el Consejo de Gobierno no tuviera una junta sustituta porque se paralizarían decisiones importantes”, dijo.
Según Rodríguez, que la Junta Directiva carezca de suplencias en sus diferentes roles dificulta la consecución de un cuórum y, por lo tanto, la toma de decisiones en la entidad responsable de la Seguridad Social y del régimen de pensiones más grande del país.
Hace un mes, precisamente, la jerarca de la Caja anunció la presentación de un reglamento que permita la sustitución de miembros de acuerdo con la Ley Constitutiva.
“Flaco favor le hacemos a la institución al no tener suplentes, como dice la ley. Esto no es sustitución ocasional de los titulares, sino ante un tema en que pierdan la continuidad del nombramiento”, aclaró Marta Esquivel en la sesión del 21 de agosto pasado.
9 puntos clave sobre la situación actual de la Junta Directiva de la CCSS
- Detención de directivos: Marta Esquivel y cuatro directivos fueron detenidos por una investigación sobre adjudicación a cooperativas.
- Inestabilidad continua: Desde 2022, la Junta ha enfrentado suspensiones, renuncias y destituciones.
- Falta de cuórum: Actualmente solo cuatro de los nueve miembros pueden sesionar.
- Impacto en decisiones: La Junta solo puede sesionar para temas urgentes.
- Renuncias recientes: El 25 de septiembre, Jorge Porras dejó su cargo.
- Falta de suplencias: No hay suplentes nombrados, complicando el funcionamiento.
- Paralización de decisiones: Sin nuevos nombramientos, decisiones clave estarían en riesgo.
- Reglamento en proceso: Se propone reglamento para permitir sustituciones.
- Composición de la Junta: Incluye representantes del Estado, patronos y trabajadores.
¿Cómo funciona la Junta Directiva de la CCSS?
La Junta Directiva de la CCSS es un órgano colegiado en el que participan los tres sectores que aportan a la seguridad social: Estado, patrono y trabajadores.
Está conformada por nueve personas, tres de cada bloque. La Presidencia Ejecutiva es nombrada por el Poder Ejecutivo y es uno de los puestos que todo gobierno entrante anuncia antes de iniciar su mandato. Los otros dos puestos estatales son nombrados por el Consejo de Gobierno.
Por su parte, el sector patronal nombra a sus miembros a través de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
En el sector de los trabajadores hay miembros de los sectores sindical, cooperativista y solidarista.
Para que la Junta Directiva pueda sesionar estas nueve personas deben estar nombradas. Además, se debe dar un cuórum funcional en el que la mayoría debe estar presente en la reunión para que funcione la Junta. El cuórum no distingue de los sectores, por lo que perfectamente puede faltar un sector completo, por ejemplo, el del Estado (como es el caso de este martes).
En situaciones muy calificadas y de necesidad puede recurrirse a una figura de funcionario de hecho, en la que una persona sin ser nombrada oficialmente funge para que pueda darse la sesión.
“Puede funcionar con una persona que sea nombrada como funcionaria de hecho, en caso de emergencias de que si no sesiona puede haber un daño al interés público”, precisó Carvajal.
