Hospital de Cartago: empresa mexicana se expondría a sanciones por abandonar proyecto
Legislación contempla castigos para empresas que entorpezcan procesos licitatorios en entidades públicas.
Los asegurados que acuden al hospital de Cartago pasan incomodidades, pues el centro médico ya no da abasto. Esta imagen fue tomada este 19 de setiembre a las 6 p. m. Foto: Keyna Calderón
Este jueves 19 de setiembre, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó de que la compañía dejó sin efecto su oferta para construir el nuevo Max Peralta y pidió “la terminación anticipada por mutuo acuerdo”. Según la empresa, el propósito de su gestión es “evitar reclamaciones futuras”.
De acuerdo con la Ley de Contratación Administrativa, la CCSS o la Contraloría General de la República pueden imponer castigos “a particulares en relación con procedimientos de contratación pública”.
Hospital de Cartago Los asegurados que acuden al Hospital de Cartago pasan incomodidades, pues el centro médico ya no da abasto. Esta imagen fue tomada este 19 de setiembre a las 6 p. m. Foto: Keyna Calderón
El inciso tercero del artículo 99 de esa normativa prevé el apercibimiento para el contratista que “deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa”.
También, el inciso primero estipula el mismo tipo de sanción para el contratista que, “sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato”. Además, el inciso segundo establece que se puede apercibir a “quien afecte reiteradamente el normal desarrollo de los procesos de contratación”.
La Contraloría explicó, ante consulta de La Nación, que en este caso aplicaría el marco sancionatorio de la Ley de Contratación Administrativa y no el de la Ley General de Contratación Pública, vigente desde diciembre de 2022, pues la construcción del nuevo centro médico en Cartago se licitó bajo la legislación anterior.
El órgano contralor aclaró que es necesario esperar a que la Caja resuelva la gestión presentada por la constructora mexicana para dejar sin efecto la oferta.
“Con respecto a las eventuales sanciones aplicables al contratista, no es posible indicar en este momento la causal que podría motivar su responsabilidad, ni su sanción, toda vez que para ello se debe hacer una investigación que determine si existen razones para iniciar un procedimiento sancionatorio”, declaró la Contraloría.
De manera unánime, la Junta Directiva de la Caja acordó el jueves pasado, instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología trasladar la nota de la empresa mexicana a la Dirección Jurídica, para que esa instancia, en conjunto con la asesoría legal de la Junta Directiva y la Gerencia de Infraestructura, valoren lo que en derecho corresponda y presenten los informes de rigor, en un plazo máximo de 15 días naturales.
Este diario intentó conversar con Francisco Obando León, uno de los abogados de la constructora mexicana, pero el jueves pasado dijo que no podía atender, porque estaba por entrar a una audiencia y que le llamaran ese mismo día, pero a las 2 p. m. A esa hora se le volvió a llamar a su teléfono celular, pero no contestó.
El mismo jueves, a través de su agencia de comunicación, se solicitó una entrevista, pero no ha habido una respuesta efectiva.
La decisión de la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. se da luego de un proceso de licitación de más de tres años. Incluso, en las últimas semanas, la compañía defendió su oferta ante la Contraloría y reiteró su interés de ser el contratista del proyecto.
Además, mantuvo reuniones con las autoridades de la CCSS para formalizar el contrato y avanzar con la obra.
Entre las razones que la firma expuso para dejar la contratación están las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en los últimos tres años, así como los criterios encontrados entre la Caja y el Ministerio de Salud sobre la conveniencia de levantar el hospital en el terreno elegido. Según la compañía, esos criterios “han puesto en entredicho el proyecto”.
Debate por el hospital de Cartago
Esa noticia es el último episodio de un largo proceso que ha sido cuestionado por el Poder Ejecutivo en los últimos meses, al plantear dudas sobre la conveniencia del terreno comprado para la obra, pese a contar con los avales técnicos y viabilidad ambiental.
Este tema, además, ha dado origen a un pulso entre el gobierno y diputados de la provincia sumados a organizaciones sociales.
La obra, valorada en $314,1 millones, fue adjudicada por la CCSS a la constructora mexicana en mayo pasado. Sin embargo, el proceso de licitación quedó en firme el 19 de agosto, luego de pasar por evaluaciones técnicas, legales y apelaciones ante la Contraloría General de la República (CGR).
