Ocho hospitales públicos corren el riesgo de quedarse sin el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), una plataforma vital para la atención de millones de asegurados, porque un contrato de la Caja Costarricense de Seguro Social con el Instituto Costarricense de Electricidad para el soporte, mantenimiento e infraestructura tecnológica de esa herramienta, vence este miércoles 6 de marzo.
La situación, según admitió Vilma Campos Gómez, gerenta general interina de la Caja, es grave, pues si se interrumpe el servicio afectaría “negativamente la salvaguarda del derecho fundamental a la salud y la vida de la población”.
La Caja impulsa el EDUS desde 1998 con el objetivo principal de digitalizar los registros de los pacientes. Con el tiempo, la herramienta evolucionó y habilitó la opción de sacar citas, consultar resultados de exámenes, registrar internamientos, gestionar recetas médicas, revisar el número de cuotas para la jubilación y hasta controlar el peso, la talla y la presión arterial. En la actualidad, el sistema tiene más de 1,1 millones de usuarios.
En el plano hospitalario, el personal sanitario utiliza EDUS para consultar en forma ágil –sin necesidad de tener que buscar expedientes en papel– la información de los pacientes, sus antecedentes médicos, exámenes de diagnóstico, resultados de laboratorio y otros.
Campos expresó su preocupación a los miembros de Junta Directiva el pasado 16 de febrero. Ese día, a través del oficio GG-0176-2024, les comunicó que el acuerdo con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) vence este miércoles 6 de marzo.
Además, detalló en esa nota, que los centros médicos en riesgo son el Hospital México, Hospital de las Mujeres, Hospital Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, Hospital Tony Facio (Limón), Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas), Hospital de La Anexión (Nicoya), Hospital de Golfito y el Hospital de Guápiles. Antes de citarlos, dijo que “en caso de suspenderse dichos servicios se generaría una afectación relevante en la prestación de los servicios de salud”.
El resto de los establecimientos sanitarios no correrían peligro debido a que están incluidos en otros contratos de soporte que aún no vencen.
Desde que Campos envió ese documento pasaron 18 días, pero el tema permanece estancado. La Caja no ha logrado resolver si extenderá el contrato con el ICE o firmará con otro proveedor.
Esa situación obligó a la Auditoría Interna a emitir, este lunes 4 de marzo, un oficio de advertencia en el que llama la atención por la falta de monitoreo en los plazos del contrato y la ausencia de medidas preventivas para evitar el vencimiento.
Ólger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja, dio un plazo de 15 días hábiles a la Gerencia General y a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones para que le informen las medidas adoptadas para corregir este problema.
La Nación solicitó a Campos una entrevista sobre este asunto. Contestó que se coordinara por medio de la oficina de prensa, pero no concretó una conversación antes del cierre de esta información. También se enviaron, el martes por la mañana, consultas a la oficina de prensa del ICE, pero no se obtuvo respuesta.
Por su parte, el auditor interno de la Caja indicó que aún no reciben respuesta de parte de las autoridades administrativas.
La relación contractual entre la Caja y el ICE se inició en 2017, cuando ambas entidades firmaron un acuerdo por $201 millones (¢103.000 millones, aproximadamente) por cinco años para renovar y ampliar la infraestructura tecnológica y eléctrica requerida para el funcionamiento de EDUS. Los servicios incluían la instalación de redes, cambio de equipos electrónicos, impresoras, servidores y otros.
En marzo de 2023, como medida extraordinaria, la Junta Directiva de la Caja autorizó extender por un año el contrato con el ICE por ¢12.000 millones.
Denuncia descuido
En la carta enviada a la Junta Directiva, Campos enfatizó que ella asumió la Gerencia General en diciembre de 2023; antes de eso, estaba asignada como recargo a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución.
Para administrar la Gerencia General, Esquivel nombró a Juan Ignacio Monge Vargas como jefe de despacho de la Gerencia General. Monge dejó ese puesto el 15 de diciembre de 2023 por cuestionamientos de varios integrantes de la Junta Directiva.
La gerenta general interina añadió que no hay evidencia de que Monge atendiera la renovación del contrato con el ICE mientras estuvo a cargo y afirmó que el informe final de labores elaborado por Monge no contiene información al respecto.
Este diario llamó a Monge para consultarle su versión, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular. Antes de asumir como jefe de despacho de la Gerencia General, Monge fue representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva de la Caja e intentó asumir como gerente general, pero la Contraloría General de la República frenó la designación porque no cumplía con los requisitos.
También se le enviaron preguntas a Marta Esquivel a través de la Dirección de Comunicación de la Caja, pero no hubo respuesta antes del cierre de esta información.
Campos aseguró que, desde diciembre, inició reuniones con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones para conocer el estado del contrato y cómo se renovaría. En ese proceso, según la funcionaria, descubrió que Esquivel y Monge no avanzaron en cumplir una orden emitida por la Junta Directiva desde el 6 de marzo de 2023.
En esa fecha, la Junta Directiva autorizó la participación en una comisión con funcionarios del ICE para analizar el contrato y evaluar el costo de oportunidad “y las mejores condiciones económicas para los intereses Institucionales”.
No obstante, Campos subrayó que “se realizó consulta a la Secretaría de Junta Directiva, y al 31 de enero de 2024, no se consignan productos en torno al cumplimiento” de ese acuerdo.
Se aparta de orden de Marta Esquivel
En el oficio GG-0176-2024, la gerenta general interina expresó que la presidencia ejecutiva le solicitó llevar la continuidad del acuerdo con el ICE a la Junta Directiva, pero que, por la premura y la necesidad de darle continuidad al servicio, decidió acudir directamente a la Junta de Adquisiciones, órgano integrado por los gerentes institucionales, y luego informar a la Junta Directiva sobre las decisiones tomadas. Hasta este martes 5 de marzo, la Junta de Adquisiciones no había conocido el caso.
Mientras tanto, no todos los directores de centros médicos conocen el riesgo de quedarse sin EDUS para la atención de asegurados.
Douglas Montero, director del Hospital México, admitió no estar informado y solicitó tiempo para averiguar al respecto. Luego de unos minutos, señaló que en la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones le indicaron que hay un “asunto legal”.
“Sería una cosa terrible que no nos hayan avisado para tomar medidas mitigatorias, supongo que están arreglando algo”, dijo Montero.
Anner Angulo, director del Hospital La Anexión, comentó que sí está enterado de los inconvenientes con EDUS y aseguró que han tomado medidas a nivel local para evitar un impacto en la atención de pacientes.
