Los adultos mayores de escasos recursos podrán optar por una pensión del Régimen No Contributivo (RNC), aunque tengan un lote a su nombre.
Ese subsidio es que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otorga a personas en pobreza o pobreza extrema.
La nueva disposición es parte de una reforma al reglamento que ordena esos beneficios, acordada por la Junta Directiva de la entidad el jueves 25 de mayo, informó la institución en un boletín de prensa.
El director de pensiones de la Caja, Ubaldo Carrillo Cubillo, explicó que, antes de esa reforma, solo se permitía que un adulto mayor tuviera una propiedad a su nombre, que no podía superar los 400 metros cuadrados en zona urbana y los 1.000 en la zona rural.
Ahora podrían aparecer a su nombre otros bienes muebles e inmuebles, sin que se se convierta en un obstáculo. El aspecto clave si esas pertenencias le generan alguna ganancia.
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"Lo que se observó al aplicar esta disposición, junto con aquella que restringía el otorgamiento de beneficios a los solicitantes con bienes de significado económico (motos, carros, semovientes, etc), fue que los adultos mayores para poder optar a la pensión, traspasaban sus bienes a terceros, cuando lo prudente en estos casos era determinar si los bienes –muebles o inmuebles– son fuentes generadoras de ingresos para el solicitante", explicó Carrillo ante consulta de este diario.
A partir de ahora, la Caja elimina esa medida y la sustituye por la valoración que harán sus funcionarios sobre la generación de ingresos del candidato a este beneficio. La pensión consiste en una ayuda mensual de ¢78.000.
Esta disposición busca apoyar a la población adulta mayor en condición de pobreza, que requiere de asistencia económica inmediata.
Otros cambios acordados
La Junta Directiva también acordó que los extranjeros que residan legalmente en el país y que vivan en condición de pobreza, pueden acreditar su situación, sin necesidad de viajar a su país de origen como se solicitaba hasta ahora.
La presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz Madrigal, explicó que reformó al artículo tres del reglamento del RNC también se hizo con la intención de simplificar trámites a los solicitantes.
Uno de los más importantes es utilizar la Ficha de Información Social (FIS) para la selección de los beneficiarios del RNC. Solo en las solicitudes de pensión que carezcan de esa ficha, la CCSS utilizará recursos institucionales para corroborar el ingreso del grupo familiar al que pertenece el solicitante.
La FIS es una herramienta que utilizan las instituciones del Estado para la asignación de subsidios.
"La reforma tiene por objetivo que el trámite de concesión (del beneficio) se realice de una forma ágil y oportuna, aprovechando la información que el sector social tiene al respecto, donde resalta el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años para consolidar un Registro único de Beneficiarios del Sector Social", explicó Ubaldo Carrillo.
El RNC tenía, a febrero de este año, 112.558 beneficiarios; 35.373 personas más que hace una década.
De acuerdo con datos de la Caja, un 58% de todos los beneficiarios son adultos mayores, un 38% son personas con discapacidad y el resto son huérfanos, indigentes o personas con parálisis cerebral profunda.
El presupuesto de ese régimen para este año, es de ¢146.000 millones; un 95% de los cuales proviene del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
La meta de la Caja y del Gobierno es ofrecer 15.000 pensiones a personas pobres al final de esta administración.
En diciembre del 2015, un informe de la auditoría interna de la CCSS advirtió sobre los excedentes que quedaban, cada año, en el RNC.
Según publicó este diario en ese entonces, el análisis hecho por la Auditoría Interna argumentó que el uso de los recursos del fondo especial disminuiría las desigualdades sociales mediante una mejor calidad de vida, en especial para los adultos mayores.
Este régimen data de 1974, cuando fue creado para atender la necesidad de quienes viven en extrema pobreza y no tienen derecho a jubilarse en otro régimen.