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El Ministerio de Salud manifestó una fuerte oposición a un fallo de la Sala IV que exige a los locales comerciales cumplir la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades.
Dicha normativa establece, entre otros aspectos, que haya rampas de acceso y baños adecuados para personas con discapacidad.
María Luisa Ávila, ministra de Salud, dijo que esa obligación afecta a los pequeños comercios y, por ende, a la economía del país.
De acuerdo con la sentencia de los magistrados, el Ministerio de Salud deberá tomar en consideración el cumplimiento de esta normativa a la hora de tramitar permisos sanitarios de funcionamiento.
El fallo constitucional ordenó la anulación de un dictamen que emitió la Procuraduría General de la República, en el que excluía a Salud de realizar esa labor de control.
El recurso de amparo fue presentado por un hombre de apellidos Aguilar Leiva, en favor del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad.
Aguilar indicó que es deber de los dueños de los locales comerciales ajustarse gradualmente a lo que establece la norma legal, y que la única forma para que su acatamiento sea obligatorio es condicionando la prórroga de los permisos sanitarios de funcionamiento.
La ministra Ávila señaló que los abogados de esa cartera presentarán un recurso de aclaración a los magistrados.
Destacó que debe darse una interpretación adecuada de la ley. “Por ejemplo, una muchacha nos pidió un permiso para un salón de belleza en un segundo piso; el edificio es viejo y ella no puede poner un ascensor o construir una rampa, pues le es imposible”, dijo Ávila.
Enfrentamiento. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, ente rector en discapacidad, criticó la actitud de Ávila.
Adriana Retana, directora ejecutiva de la entidad, indicó que el propio Estado no puede sugerir violentar las leyes que ha creado para el respeto y desarrollo de un segmento de la población.
“La reacción de la ministra de Salud es preocupante, por cuanto el cumplimiento y el respeto de los derechos y la dignidad inherentes a cualquier ser humano no es negociable, ni ajustable, lo cual ha sido claramente manifestado por los magistrados de la Sala Constitucional”, comentó Retana.
