Una empresa colombiana cuestionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus posibles relaciones con el narcotráfico, a través del cartel de Cali, contaba aquí con el permiso del Ministerio de Salud para distribuir medicamentos y cosméticos.
Se trata de la compañía Jomaga de Costa Rica S. A., que el 5 de agosto comunicó al Ministerio que el nombre se cambió a Interfarma S. A.
La autorización para operar vence el 14 de marzo del 2004.
También estaba inscrita desde el 21 de octubre del 2002 en el registro de proveedores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Durante ese tiempo solo vendió 9.000 pastillas de fluoxetina al hospital Max Terán Valls, de Quepos, y 50.000 pastillas de metronidazol al hospital Max Peralta, de Cartago.
Jomaga fue fundada por costarricenses en 1994.
Sin embargo, a partir de setiembre del 2001, en su junta directiva aparecen –según las actas de constitución de la sociedad, inscritas en el Registro Nacional– tres colombianos de apellidos Lara Sánchez, como presidente; Forero Salamanca, quien fungía como secretaria, y Villota Galvis, en calidad de tesorero.
Relación con narco
El viernes anterior, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento del Tesoro, aseveró que Jomaga –conocida también como Interfarma– “es propiedad o está controlada por individuos y es una empresa de fachada que actúa por o a nombre de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela para actividades de narcotráfico y lavado de dinero”.
El documento detalló que por tal motivo le confiere el rango de narcotraficantes especialmente designados (SDNT).
El informe estadounidense también precisó que Villota Galvis es funcionario y director en compañías de “fachada” en Colombia. Igualmente, precisó que Lara y Forero “son empleados de una compañía del Cartel de Cali en Colombia”.
Pesquisa judicial
La Fiscalía Especializada en Narcotráfico había iniciado desde julio pasado una investigación sobre esta compañía, luego de recibir información confidencial de una unidad de análisis financiero.
La información la proporcionó el fiscal Wálter Espinoza, por intermedio de la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.
La indagación es contra “ignorado” y pretende recabar informes de entidades nacionales, así como de organismos de Colombia y de Panamá.
Espinoza no quiso profundizar sobre el origen de la investigación.
Paralelamente, la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública comenzó a recabar datos sobre esta firma.
Jomaga tiene sus instalaciones en unas bodegas en San Francisco de Dos Ríos, San José, las cuales ayer permanecieron cerradas. Se supo que el viernes sacaron varias cajas.