
La Sala IV prohibió cobrar patentes municipales a médicos, abogados, odontólogos, ingenieros y todo profesional que brinde sus servicios sin asociarse con otros colegas.
Los magistrados tomaron la decisión en respuesta a una acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley de patentes de la Municipalidad de Tibás , publicada en La Gaceta el 30 de junio del 2006.
La patente sí la pueden cobrar las municipalidades a los profesionales que se agrupan para crear una clínica, un bufete o una organización colectiva del derecho mercantil.
“En tal caso (cuando se agrupan), además del ánimo de subsistencia, existe un fin lucrativo o de obtener un margen considerable de rentas y utilidades
Por tal motivo, “deja de existir el ejercicio liberal de una profesión, en sentido estricto, y se está ante el despliegue de un giro o tráfico empresarial o mercantil que sí debe estar sujeto al impuesto de patente municipal”, justificaron los magistrados constitucionales en el voto 15492-06.
Esta es la disposición más reciente pues la Sala ya había fallado igual contra otras municipalidades, como la de Alajuela.
En los últimos años los municipios han pretendido un aumento de las actividades que deben pagar impuesto municipal, por lo que también cobran a empresas que venden alimentos, bebidas y otros productos, así como a los profesionales.
El cobro a los repartidores comerciales se mantiene, siempre que facturen en el cantón donde venden los diversos productos que sacan al mercado.
Monto. La patente municipal varía según el cantón. En el caso de Tibás, era del 0,25% sobre los ingresos brutos de los profesionales.
Jorge Rojas Arias, jefe de patentes de la Municipalidad de Tibás, considera que los profesionales liberales sí lucran y, por tanto, deben pagar patente.
“No es una actividad de beneficencia; al igual que los comercios pequeños como una sala de belleza debería pagar patente pues incluso los profesionales tienen ingresos superiores a esos negocios y deben contribuir al desarrollo del cantón”, aseveró Rojas.
Federico Rojas Montero, presidente del Colegio de Médicos, alabó que la Sala suspendiera los cobros de patentes a los profesionales.
“Estaremos vigilantes y pendientes de que se acate la resolución de la Sala”, afirmó.
Rodrigo Díaz Obando, presidente del Colegio de Odontólogos, ve el fallo como “una protección”.
“Nuestra actividad no es lucrativa, es un servicio y no debe verse como una actividad comercial. En ningún cantón estamos pagando patente y a todos los colegas les repartimos el voto de la Sala para que se defiendan en caso de que les quieran cobrar”, dijo Díaz.