
Un grupo de 16 empresas quedó habilitado para reanudar la importación de autos usados, luego de que una resolución de la Sala Constitucional suspendió temporalmente una directriz del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La Sala IV acogió para estudio un recurso de amparo presentado por la Cámara Costarricense Automotriz, que reúne únicamente a 16 importadoras de vehículos.
La Cámara apeló la decisión del MOPT de exigir que los comprobantes, de que los autos no exceden los límites de emisión de gases, vengan avalados por una autoridad competente del lugar de origen, a fin de permitir su ingreso al país.
El tribunal constitucional ordenó al MOPT suspender la aplicación de la directriz mientras los magistrados resuelven el recurso de amparo.
Sin embargo ayer, al filo de la tarde, el encargado de este tema en el ministerio, Héctor Arce Cavallini, aseguró que un pronunciamiento de última hora de la Sala IV revirtió dicha suspensión.
Arce Cavallini dijo que recibió la información de parte del departamento Jurídico del MOPT, pero aún no tenía los documentos que lo respaldaran. El funcionario expresó que hoy dará detalles.
El pasado 17 de junio entró a regir la directriz apelada por los importadores, con la cual cerca de 8.000 vehículos usados permanecen varados en patios fiscales y puertos, pues su ingreso era rechazado.
La medida paralizó principalmente la importación de autos de Florida, Estados Unidos, pues allí la prueba de emisión de gases no es obligatoria.
Lo que hacían los empresarios era presentar certificados emitidos por talleres privados, autenticados por notarios extranjeros y refrendados por el servicio exterior costarricense.
Pero el MOPT exige que las prueba de gases de un auto importado (que es obligatoria para que pueda entrar a Costa Rica) venga avalada por una autoridad estatal. Es decir, que sea legalmente válida en el país de origen.
Así lo establece la Ley de Tránsito de 1997.
Solo para 16
Cabe aclarar que la suspensión de la Sala IV solo beneficia a las 16 empresas que presentaron el recurso de amparo.
Incluso, así lo dispuso el MOPT al acatar la resolución, de manera que si algún otro empresario o particular pretende solicitar el aval para introducir un auto este aún le será rechazado.
El abogado constitucionalista, Fabián Volio, explicó que para disfrutar del mismo beneficio los interesados deben acudir a la Sala IV para unirse al reclamo de la Cámara o presentar su propio recurso. La Sala decidirá si lo concede.
José Carballo, presidente de la Cámara, aseguró que hay cerca de 3.500 empresarios en el negocio de la importación de autos usados.
Por su parte, Arce Cavallini anunció temprano que solicitarían a los magistrados anular la suspensión por razones ambientales, pues de esa prueba de gases depende en gran parte el aire limpio que respira el público.
Arce añadió que el MOPT no cambió ninguna condición, sino que exigió que se cumpliera la ley, pues antes los importadores presentaban certificados que no cumplían con los requisitos legales.