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El polvo se levanta con cada paso. Entre calles de tierra, basura acumulada en zonas verdes y cables que cuelgan de conexiones improvisadas, decenas de familias hacen su vida en Los Diques de Cartago, un asentamiento donde la necesidad pesa más que el riesgo.
Allí, en esa franja de 12 kilómetros, construida hace décadas para frenar al río Reventado, crece la incertidumbre para 2.500 familias, es decir, unas 11.000 personas, ante la posibilidad de un eventual desalojo y reubicación, una idea planteada por la Municipalidad de Cartago como parte de una intervención en la que consideran una “zona caliente” de criminalidad.
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, ha calificado el lugar como una “bomba de tiempo”, al señalar problemas de hacinamiento, condiciones sanitarias deficientes y la presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico. Además, ha planteado la necesidad de intervenir el área por el riesgo asociado al comportamiento del río.
Allí, en medio de viviendas construidas con láminas, madera o bloques de concreto, niños de carita sucia juegan descalzos, mientras adultos entran y salen de casas improvisadas.
A pocos metros de la entrada del sector conocido como Dique Miraflores, encontramos a doña Patri, de 54 años, quien tiene dos décadas de vivir allí. Por razones de seguridad, pidió que omitieramos sus apellidos.
“Si fuese que nos van a sacar de aquí y nos van a reubicar en una casa digna, ahí está el apoyo. Pero no sería justo que nos tiren a la calle”, indicó días atrás, cuando un equipo de este medio visitó la zona.
La mujer contó que llegó al lugar tras comprar una vivienda humilde por ¢50.000, una estructura que se convirtió en su hogar con el paso del tiempo. “Somos gente humilde los que vivimos aquí. Todos trabajan, pero somos pobres”, afirmó.
El riesgo que se conoce, pero no se prioriza
Cinco minutos cuesta abajo, llegamos al sector conocido como Claudio Zuñiga. Allí nos econtramos con doña Elizabeth, de 42 años, vecina del asentamiento desde hace 19 años, que pidió omitir su identidad por seguridad.
“Uno sabe que esta no es una zona para vivir, siempre se ha sabido. Pero si nos dicen que nos van a dar una casa, uno se va sin problema. El miedo es que lo saquen a uno y lo dejen sin nada”, respondió al ser consultada sobre si la inseguridad y el riesgo de una crecida del río Reventado le generan temor de vivir allí.
Vive con su esposo y sus cuatro hijos en un lote compartido con otras seis familias, muchas de ellas integradas por madres solteras o parientes cercanos.
“No podemos costear una casa como muchas personas creen. Ir a alquilar es imposible”, aseguró.
Ademas, relató que su esposo sufrió un accidente años atrás, lo que le impide trabajar de forma estable, aunque realiza labores ocasionales como electricista, mientras ella trabaja como maestra.
Para Elizabeth, como para muchas otras familias, el riesgo no es la principal preocupación frente a necesidades como vivienda, empleo o seguridad.
Un problema que se repite
“Aquí ya pasó eso. Sacan a la gente, les dan plata y después esto se vuelve a llenar”. Así lo afirmó una vecina de apellido Sánchez, de 68 años, quien tiene 35 años de vivir en El Dique La Mora y pidió omitir su nombre por seguridad.
La mujer llegó al asentamiento tras separarse y no poder sostener un alquiler. Recuerda que antes todo era diferente: “Uno dejaba la ropa tendida y se iba a trabajar, y todo estaba igual cuando uno volvía. Ahora sí ha aumentado la inseguridad”.
Para la vecina, uno de los principales cambios ha sido el aumento de cuarterías y el alquiler informal de espacios dentro del asentamiento, lo que ha generado conexiones irregulares a los servicios y una sobrecarga en su capacidad.
Sobre este punto, el alcalde Redondo afirmó que existe un mercado informal dentro de Los Diques.
“Un alto porcentaje de la gente que está ahí no está en pobreza extrema. Algunos incluso tienen casas en otros lugares o hacen negocio alquilando estructuras en terrenos públicos”, aseguró en entrevista con La Nación el 13 de marzo.
El jerarca añadió que el alquiler en estos espacios podría constituir una actividad ilegal y que se buscaría articular con el Poder Judicial para procesar estos casos.
El miedo no es irse, es quedarse sin nada
Aunque la idea de un eventual desalojo genera preocupación, entre los vecinos no existe un rechazo absoluto. El temor principal no es abandonar el lugar, sino no tener una alternativa.
“Si uno supiera realmente que va a tener su casita propia, nadie pondría resistencia”, insistió doña Elizabeth.
Algunos incluso estarían dispuestos a formalizar su situación en el lugar.
“Si ponen medidores de luz y agua, perfecto. Somos pobres, pero pagamos lo que podamos”, comentó la vecina de apellido Sánchez.
Sin embargo, la experiencia de intervenciones anteriores genera desconfianza. “Eso suena muy bonito. La gente se emociona cuando le dan plata, pero se les acaba y vuelven a lo mismo”, advirtió una de las habitantes de Los Diques.
