Los bloqueos de calles perdieron toda su intensidad ayer en la mañana cuando, tras nuevos enfrentamientos con los manifestantes, la Fuerza Pública levantó las barricadas que quedaban.
Estos se ubicaban, desde el lunes, en Toro Amarillo de Guápiles, en Limón, y en Las Juntas de Pacuare, en Pérez Zeledón, pero para el mediodía todas las calles del país estaban reabiertas.
En la noche hubo dos nuevos intentos de bloqueo, pero al cierre de esta edición la policía antimotines los dispersó. El primero fue sobre el río Chirripó, a unos 32 kilómetros de ¥Limón por la carretera Saopin, y otro en barrio Lourdes, en Pérez Zeledón.
En total, entre lunes y martes, hubo 175 detenidos, que ahora serán denunciados formalmente por el Gobierno ante la Fiscalía por agresión a la policía, resistencia agravada, posesión de bombas molotov (botellas con gasolina y una mecha) y otros cargos.
La pérdida de fuerza del movimiento se observó también en San Ramón, Alajuela. Ahí el lunes explotó el primer enfrentamiento, pero ayer a la concentración solo llegaron unos 30. Hoy esperan hacer una marcha hacia la Casa Presidencial.
Los disturbios los protagonizaron grupos opuestos a la revisión técnica de vehículos, que el Estado encargó a la empresa española-costarricense Riteve SyC.
El objetivo de los grupos es que el Gobierno anule el contrato, y para ello hicieron bloqueos en las primeras horas del lunes en numerosos puntos del país.
La operación de Riteve SyC ayer, en su segundo día, fue normal, aunque ya son tres las estaciones clausuradas.
Por otra parte, trascendió que gran cantidad de vehículos no está pasando la prueba (principalmente por faltas en emisión de gases), pero Riteve SyC no ha querido revelar los datos.
"Gente inescrupulosa"
Aún no es claro qué causó ayer la reducción de las protestas.
Sin embargo, empezaron a perder fuerza después de que el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, anunció que se iban a presentar cargos también contra los cabecillas.
Ramos además denunció que en la mayoría de los bloqueos se encontraron bombas molotov y que se investiga la presunta participación de asesores extranjeros.
Lo anterior por cuanto el tipo de bloqueo observado fue diferente y muy organizado con respecto a anteriores.
Eddie González, representante de los talleres mecánicos y propietario de uno en Heredia, dijo ayer que se estaba llamando a la calma porque las cosas "se estaban saliendo de las manos".
Explicó que quienes recurrieron a las bombas molotov y cometieron actos vandálicos son "gente inescrupulosa", con la que el movimiento no está de acuerdo.
Una muestra de los excesos fue el ataque que sufrieron José Antonio Quiel y su familia en Pérez Zeledón, el lunes en la noche, cuando no los dejaron pasar pese a llevar un ataúd con su hija que murió al nacer en San José y a la cual quería sepultar en el sur.
Otro caso se registró en Limón, en la noche del lunes. Allí se desataron bloqueos en varias zonas marginales y hubo quienes quisieron cobrar por el paso de autos; incluso robaron en un bus y saquearon un local comercial.
Más efectos de los bloqueos fueron la paralización de varias líneas de buses y pérdidas para unas 500 empresas exportadoras, de acuerdo con la Cámara de Industrias.
Negociaciones
Por ahora se mantiene la oposición a Riteve. Empezó con los talleres mecánicos, que al entrar en operación esa firma perdieron el negocio de los ecomarchamos, y a ellos se les unieron grupos con intereses diversos.
El Gobierno transó con algunos y cedió en numerosos puntos, pero los talleres no negociaron.
González dijo que esperan poder dialogar con el Presidente.
Representantes de varios sindicatos se reunieron en la tarde con él. La ministra de la Presidencia, Rina Contreras, dijo que consultaron si el Gobierno atendería a los talleres mecánicos.
"Las puertas de este Gobierno siempre han estado abiertas. Eso sí, no estamos dispuestos a negociar cuestiones que son ilegales".
Abel Pacheco reiteró que no va a desobedecer a la Sala Cuarta (según la cual el contrato está a derecho y debe respetarse).
Fabio Chaves, de los empleados del ICE, expresó que si no hay acuerdo, los sindicatos apoyarán a los protestantes. Por su parte, el defensor de los habitantes, José Manuel Echandi, se ofreció como mediador. Las negociaciones continuaron con Upanacional. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes aceptó que la maquinaria agrícola no sea revisada y a los autos de uso agrícola se les podría subsidiar la tarifa.