EscucharCansados, y en muchos casos hastiados, de los embates de los chapulines, para muchos costarricenses, el 1º de mayo del año pasado no fue un día cualquiera.
La aparición ese día de la Ley de Justicia Penal Juvenil en en el diario oficial La Gaceta, destacada en todos los medios de comunicación, creaba las más variadas expectativas.
En adelante, muchachos entre los 12 y 18 años no tendrían más el escudo de la edad para cometer sus fechorías. A partir de esa fecha, pueden ser procesados y condenados como cualquier adulto y, dependiendo del hecho, podrían incluso hacerse acreedores hasta de 15 años de prisión.
¿Ha cumplido esta normativa su cometido?
Para muchos de los expertos en el tema, reunidos en el seminario-taller Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica: Un año de vigencia, sí lo ha hecho.
Ellos creen que la legislación permitió identificar reglas más claras en el juzgamiento de menores sin caer en las violaciones de sus derechos constitucionales, como sucedía en el pasado, cuando se llevaba a los juzgados tutelares de menores a cualquier joven problemático, y no solo al delincuente.
Pero, para una mayoría, la ley no llenó las expectativas y se queda corta en soluciones:
Los muchachos son aprehendidos y liberados cinco minutos después, para que vuelven a delinquir casi en las narices de las autoridades.
No hay una institución que se encargue de darles seguimiento a las sanciones alternativas y evitar que regresen a las calles.
Actualmente, la Sección de menores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identifica a cuatro grandes pandillas, de al menos 40 miembros cada una, que se reparten la capital; ellos parten cada noche desde los distritos de Hatillo y Pavas, y ciertos puntos del área metropolitana como San Juan de Tibás y San Pedro de Montes de Oca, hacia el casco central de la ciudad.
Números frente a la realidad
Aunque resulte paradójico, la misma normativa que ofreció mayor severidad en el juzgamiento de los jóvenes dio las bases para que los encargados de aplicarla acudieran a la pena de prisión solo como último recurso.
En la capital, por ejemplo, desde que entró en vigencia la legislación, hasta marzo del año pasado, la Agencia Fiscal de San José, desestimó 1.014 denuncias de un total de 2.427; es decir un 41 por ciento. Eran casos no especificados por la ley, o simplemente no lo ameritaban, argumentó la coordinadora de la Unidad de Delincuencia Juvenil del Ministerio Público, Lílliam Gómez.
Luego, entre los casos que avanzaron más en el proceso, a 96 se les suspendió la causa; a 166 se les sobreseyó y únicamente 19 recibieron condena. Más aún, entre los condenados, solo tres fueron a prisión pues los restantes 16 recibieron penas de supervisión y orientación.
"La gente creyó que íbamos a tomar a todos los muchachos de la calle y a encerrarlos para sacarlos de circulación. Pero eso obedeció a una mala interpretación de la ley", especificó Gómez. La cárcel, añadió, está destinada solo para hechos muy graves.
La fiscal Gómez asegura que nunca se ha dudado en detener a aquellos jóvenes que lo ameritan, es decir, que podrían darse a la fuga, destruir evidencia o amenazar a su víctima.
En la práctica, tales criterios, sin embargo, no siempre han sido los más atinados.
En San José, un joven, acusado de violación, abusó de otra muchacha dos semanas después de la primera acusación. Fue solo entonces que se le detuvo provisionalmente, pero únicamente por cuatro meses, que es lo permitido por la normativa.
Al pasar este período, aún no había sido enjuiciado y tuvo que ser puesto en libertad. El agresor nuevamente amenazó a su primera víctima, pero esta vez, no pudo ser detenido.
"A los muchachitos que ponemos en manos de la ley las medidas que les aplican son paliativas o tenues. Por eso, para nosotros, la nueva ley es imperceptible pues es como si les dijera váyanse y no lo vuelvan a hacer, y, por supuesto, no obedecen", aseveró Marco Calderón, jefe de la Quinta Comisaría de San José, encargada de atender el casco central.
Los peligros de un sistema proteccionista los señaló el mismo presidente de la Sala Constitucional, Luis Paulino Mora, en el seminario, al advertirles a los mismos expertos que "en la situación presente el garantismo excesivo puede llevar a sistemas de justicia paralelos", como lo han demostrado los ciudadanos cada vez que apalean a un delincuente atrapado infraganti.
De esta forma, la ley seguirá cumpliendo aniversarios, pero la sociedad podría no esperar al próximo.
