La eventual instalación de un relleno sanitario de EBI en San Miguel de Turrúcares genera inquietud entre vecinos de las comunidades donde se instalaría el botadero, mientras expertos advierten los riesgos que ese espacio podría representar para la operación del Aeropuerto Juan Santamaría.
El proyecto volvería a ser tema de discusión este martes durante la sesión del Concejo Municipal de Alajuela, que tendría que decidir si retira los procesos de lesividad que mantienen suspendidos los usos de suelo que la empresa había recibido en el pasado.
Ante esa posibilidad, vecinos de Turrúcares tienen previsto realizar una protesta en frente de la Municipalidad de Alajuela, en la que exigirán que no se retiren dichos procesos.
Esto es lo que se sabe hasta ahora del proyecto.
1.¿En qué consiste el proyecto?
La empresa EBI plantea desarrollar lo que denomina un “parque de tecnología ambiental” en la finca Bajo Pita, en San Miguel de Turrúcares, distrito del cantón de Alajuela.
2.¿Dónde estaría ubicado?
La propiedad tiene más de 84 hectáreas, está a unos seis kilómetros del centro de Turrúcares y colinda en uno de sus extremos con el río Virilla.
3. ¿Por qué se oponen vecinos de Turrúcares?
Los habitantes consultados por La Nación temen malos olores, contaminación, pérdida de valor de sus propiedades y un aumento del tránsito pesado. También expresan preocupación por la seguridad de los niños que asisten a centros educativos ubicados en las posibles rutas de los camiones.
La incertidumbre sobre los accesos agrava esas inquietudes. Los vecinos dudan de que una carretera alternativa esté lista antes de una eventual apertura y temen que el paso por sus comunidades se convierta en una solución prolongada.
4. ¿Por dónde circularían los camiones de basura?
No hay una ruta definida. Según el reportaje, las dos opciones actuales para llegar a la finca dependen de un único acceso desde la ruta 27 e implican atravesar sectores poblados: una pasa por el centro de Turrúcares y San Miguel; la otra recorre parte del centro y continúa por Cebadilla.
El Gobierno planteó un nuevo acceso desde la ruta 27, a la altura de los Tajos de Cebadilla, además de mejoras viales. Sin embargo, EBI respondió que todavía estudiaba una alternativa de menor impacto y que no había adquirido terrenos para esa solución. El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, advirtió que incluso un nuevo acceso desde la ruta 27 no impediría que comunidades como Cebadilla recibieran el tránsito de camiones.
5. ¿Qué obras ofreció el Gobierno y por qué generaron controversia?
En una reunión con vecinos el 4 de noviembre de 2026, el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, ofreció obras educativas y viales y aseguró que los camiones no pasarían por el centro si la Municipalidad “hace lo correcto” en referencia al levantamiento de procesos de lesividad que suspendieron los usos de suelo otorgados en el pasado a EBI.
La controversia surgió porque vecinos interpretaron que las mejoras se condicionaban al respaldo al proyecto. Algunos señalaron que las obras públicas deben atender necesidades de la población sin exigir a cambio la aceptación de un relleno sanitario.
6. ¿Qué relación tendría el relleno con la seguridad del aeropuerto Juan Santamaría?
La principal preocupación aeronáutica es la posible atracción de aves grandes, especialmente carroñeras, hacia sectores cercanos a las trayectorias de vuelo. En una comparecencia legislativa realizada en diciembre del año pasado, Marvin Sojo Brenes, coordinador de fauna del aeropuerto, advirtió que un relleno sanitario en ese sector podía generar un riesgo importante por la presencia de estas aves y su capacidad de elevarse mediante corrientes térmicas.
Un criterio de un experto no identificado, citado por el diario, ubica el terreno cerca de trayectorias utilizadas por aeronaves que llegan desde el Pacífico o despegan hacia esa dirección. Ese análisis plantea la necesidad de estudiar los procedimientos de vuelo y el peligro aviario, es decir, el riesgo que representan las aves para las operaciones aéreas.
7. ¿Aeris considera incompatible el proyecto con la operación del aeropuerto?
Mientras el coordinador de fauna de Aeris hizo una advertencia sobre el riesgo de atraer aves y afectar la seguridad operacional durante su audiencia en la Asamblea el año pasado. Ricardo Hernández, director ejecutivo de Aeris, aseguró la semana anteriro que aquella evaluación había sido preventiva y que no se contaba entonces con información técnica detallada para valorar el proyecto específico.
Hernández sostuvo que el riesgo depende del diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento y la supervisión de las instalaciones. También indicó que el análisis anterior no constituía una oposición al proyecto ni una determinación de su compatibilidad aeroportuaria.
8. ¿Qué han solicitado las organizaciones empresariales y qué falta por responder?
La Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de Alajuela pidió no reactivar los permisos del proyecto hasta contar con criterios técnicos de las autoridades aeronáuticas. Solicitó verificar oficialmente la ubicación de la finca, su relación con las trayectorias de vuelo y los posibles riesgos para la seguridad operacional. También pidió mantener las acciones de lesividad y suspender permisos municipales vinculados con la gestión de residuos mientras se obtienen los pronunciamientos correspondientes.
Además, Aeris había solicitado un criterio a la Dirección General de Aviación Civil un año antes y todavía no recibía respuesta. La Nación también consultó a esa dirección sobre sus valoraciones y estudios, pero al cierre de la publicación no se había tenido respuesta.
9. ¿Qué obstáculos legales y municipales enfrenta EBI?
El conflicto incluye permisos de uso de suelo emitidos en 2011 y anulados en 2016, relacionados con procesos de lesividad. Además, EBI mantiene un arbitraje internacional contra Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con un reclamo que rondaría los $150 millones
Chaves afirmó que la empresa retiraría la demanda si la Municipalidad retiraba el proceso de lesividad. No obstante, el alcalde Roberto Thompson sostuvo que resolver esa controversia no bastaría para autorizar el proyecto: aún sería necesario verificar requisitos urbanísticos, ambientales y viales, cuya revisión corresponde a distintas dependencias municipales y no únicamente a los regidores.
El retiro de los procesos de lesividad podría ser conocido por los regidores de Alajuela en la sesión del Concejo prevista para este martes 17 de noviembre.
10. ¿Cuándo podría entrar en funcionamiento?
No existe una fecha confirmada. EBI señaló que la tramitación es compleja y estimó un plazo de cinco años para una posible puesta en marcha si recibe el aval correspondiente.