Los regidores del cantón Central de Alajuela rechazaron dos mociones con las que se pretendía pedir a las autoridades de Gobierno ejecutar una serie de obras prioritarias para Turrúcares, sin condicionarlas a la aprobación de los trámites para un relleno sanitario en ese distrito.
El Consejo Municipal tampocó avaló una propuesta que pretendía asegurar la protección de un corredor biológico ubicado en la zona donde se pretende construir el botadero.
La primera de las mociones presentada por la regidora Patricia Guillén contemplaba solicitar a las instituciones de Gobierno, tramitar las necesidades de Turrúcares “con base en criterios técnicos, sociales y de interés público y que no se condicione a decisiones municipales relacionadas con el proyecto privado de relleno sanitario”.
El documento incluía instar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a dar continuidad a un convenio aprobado el año anterior para atender las rutas nacionales 721 y 136, que fueron mencionadas por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, el pasado 4 de noviembre dentro de un paquete de proyectos por ¢6.000 millones que ofreció a la comunidad a cambio de apoyar el proyecto del botadero de basura.
Además, se pedía instar al Ministerio de Salud y la Dirección de Cen-Cinái a concretar el proyecto prometido para el distrito y al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), para que también avancen en la atención de esa población.
Esa propuesta obtuvo cinco votos a favor de los regidores Patricia Guillén Campos, Marvin Venegas Meléndez, María Mayela Morera Ávila, Kathia Marcela Guzmán Cerdas y Jorge Arturo Campos Araya.
Fue rechazada por los seis restantes: Germán Vinicio Aguilar, Sergio Murillo Picado, Ananías Fuentes, Mercedes Gutiérrez, Bernal Soto y Yadú Fuentes.
En la segunda de las mociones, también presentada por Guillén, la regidora proponía respaldar los procesos de lesividad relacionados con los certificados de uso de suelo otorgados a la empresa EBI y “reafirmar la defensa de las nacientes, quebradas, áreas de protección, Corredor Biológico Garcimuñoz”, ubicado en la zona donde se encuentra la finca Bajo Pita, que albergaría el relleno sanitario.
Además solicitar a la Alcaldía una inspección técnica urgente en los propiedades de la empresa para verificar la existencia de movimientos de tierra, excavaciones, ingreso de maquinaria u otras intervenciones y comprobar si cuentan con los permisos ambientales en caso de que así fuera.
La propuesta también contemplaba determinar posibles afectaciones a nacientes o áreas protegidas y, de ser necesario, interponer las denuncias correspondientes.
En esa moción solo votaron a favor: Patricia Guillén Campos, Marvin Venegas Meléndez y María Mayela Morera Ávila.
‘Show político’
Varios de los regidores que votaron en contra de ambas mociones, justificaron el rechazo alegando la complejidad de las propuestas, que estas no eran de competencia municipal o que correspondían a un “show político”. Sin embargo, aseguraron que estas decisiones no significaban que estaban a favor del proyecto de EBI.
Ante esas afirmaciones, el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, expresó ante los vecinos que acudieron a la sede municipal para manifestarse en contra del botadero de basura, que el “show político lo hizo el Gobierno el 4 de noviembre” .
“Efectivamente yo no necesito mociones para poder ir a Turrúcares como fui ayer a hablar con muchos de ustedes, sin embargo, hubiera sido un bonito gesto del Concejo Municipal que votaran la moción de doña Patricia porque es fácilmente comprensible. Yo no entiendo cuál es la dificultad de entenderla”, afirmó Thompson en respuesta a los alegatos de los regidores.
El alcalde, además, dijo a los vecinos que pese a esas justificaciones y tras escuchar las manifestaciones de los regidores, podrían estar seguros de que “no hay ninguna posibilidad” de que el Concejo Municipal acuerde retirar los procesos de lesividad que mantienen anulados los certificados de uso de suelo en las propiedades de la empresa EBI.
La discusión por la instalación del relleno sanitario en la finca de Bajo Pita en San Miguel de Turrúcares, se avivó desde inicios de mes, tras la citada visita del expresidente Chaves, junto a varios miembros de su gabinete a esa comunidad.
En esa oportunidad, Chaves le indicó a los vecinos que “la oferta” vencía pronto y repitió que las obras llegarían “si la Municipalidad hace lo correcto”, en referencia al retiro de los procesos de lesividad que impiden a EBI avanzar en el proyecto.
“Ya saben, en el momento que el Ministerio de Hacienda tenga que girar ¢2.000 millones... antes del 2 de diciembre que ya empieza la convocatoria (del litigio); o sea, esto (la oferta) dura 15 días, 22 días”, insistió Chaves, alegando que EBI ofreció retirar un arbitraje internacional en contra del Estado, una vez que se suspendan los procesos judiciales en el país.
Esas afirmaciones están siendo investigadas por la Fiscalía General, que abrió una causa en contra del exmandatario por presunto tráfico de influencias.