El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, negó haber tenido injerencia, cuando fungió como vicerrector de administración, en el tema de los edificios de la Universidad de Costa Rica (UCR) construidos con un préstamo del Banco Mundial y que registran vicios ocultos y problemas de diseño.
Lo que no cita el rector es que, cuando ocupó ese cargo, fue coordinador de la Comisión Institucional de la Planta Física, órgano que analiza los proyectos de infraestructura de la institución.
LEA MÁS: Fiscalía abre investigación contra rector de la UCR luego de publicación de ‘La Nación’
Dicha participación consta en una circular emitida en enero del 2017, en la que Araya detalla que la Comisión Institucional de Planta Física es el órgano encargado de velar por la correcta planificación de la infraestructura de la institución, en apego a principios de eficiencia, eficacia y el desarrollo armónico de la planta física con el ambiente.
“Es por ello, que se recuerda a la comunidad universitaria que todos los proyectos relacionados con el tema de infraestructura tales como puentes, edificaciones nuevas, reubicaciones temporales, fachadas, adquisición de contenedores, entre otros, requieren de forma obligatoria ser analizados por esta Comisión”, dice el documento en poder de La Nación, en el que firma como Coordinador de la Comisión y que está sellado por la vicerrectoría académica.
El documento dirigido a vicerrectores y directores agrega que los resultados de los análisis están respaldados por los criterios técnicos de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) y la Oficina de Servicios Generales.
LEA MÁS: Consejo de la UCR presenta denuncia ante Fiscalía por irregularidades en construcción de 4 edificios
“No tuve injerencia en este proyecto”
Ocho años después, Carlos Araya, rector desde este 2025, negó, tanto en el Consejo Universitario (CU), como en una conversación con una periodista institucional, que como vicerrector tuviera injerencia en el tema de los edificios.
“Hay voces que quieren involucrarme en ese proceso. Entre el 2012 y 2020 fui vicerrector de administración, pero durante ese proceso no tuve injerencia en ese proyecto, ¿por qué? Primero porque la OEPI (Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones) depende jerárquicamente de la rectoría, en segundo lugar, porque el proyecto de mejoramiento institucional del Banco Mundial también depende jerárquicamente de la rectoría”, dijo.
Araya continuó en la conversación con la comunicadora: “De manera tal que el vicerrector de administración no tuvo ninguna injerencia en la toma de decisiones. Tal es así que de alrededor de 10 informes de contraloría que se han emitido sobre este tema, en ninguno de ellos, una buena cantidad de páginas, se menciona el nombre de Carlos Araya ni de la vicerrectoría de administración como tal. No tuvimos ninguna participación en el proceso”.
Araya afirmó que desde el puesto de vicerrector de administración, legalmente no tenía obligación.
Araya se refirió a este tema luego de que este medio diera a conocer que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) estudiaba una denuncia contra el rector, Carlos Araya Leandro, por supuestas irregularidades con contrataciones y proyectos de construcción realizados durante su gestión como vicerrector de administración desde el 2012 y como rector de transición en el 2020.
En la queja, que fue presentada por un estudiante, se solicita que la Procuraduría de la Ética Pública inicie una investigación formal sobre la responsabilidad administrativa de Araya Leandro en relación con los proyectos de infraestructura.
LEA MÁS: Cuatro edificios de la UCR bajo la lupa: informe revela vicios ocultos y problemas de diseño
Este diario consultó qué ha ocurrido con la denuncia que se estudia, sin embargo, aun no se recibe respuesta.
Asimismo, La Nación solicitó, desde el 29 de abril, un espacio para conversar con el rector sobre su ejercicio como coordinador de la Comisión Institucional de la Planta Física. No obstante, tampoco se recibió respuesta.

Supuestas irregularidades con edificios
Meses atrás, la Contraloría Universitaria presentó un informe en el que expuso vicios ocultos y problemas de diseño en cuatro edificios construidos con un préstamo del Banco Mundial.
Posterior a ello, el Consejo Universitario (CU) de la UCR presentó una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la construcción de estos edificios, entre ellos el del Laboratorio del Ciclotrón.
Sobre este caso particular ya existe una investigación en curso contra dos funcionarios de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), quienes tuvieron una nueva audiencia de medidas cautelares el 28 de abril luego de que se anularan las anteriores.
La importancia de la Comisión de Planta Física
La Comisión de Planta Física, en la que participaba el rector cuando se presentaron presuntas irregularidades en infraestructura universitaria, “tiene la responsabilidad de velar por la adecuada planificación, gestión y control de las obras de infraestructura, sea cual sea la fuente de financiamiento”, explicó Roberto Guillén, exvicerrector de administración.
La Resolución R-2209-2004, publicada en la Gaceta Universitaria el 31 de mayo del 2004, informa sobre la creación de la Comisión Coordinadora de Planta Física que en ese año quedó integrada por el vicerrector de Administración, el director de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones y el jefe de la Oficina de Servicios Generales. La misma nació con la función específica de realizar la coordinación entre oficinas de sus planes de trabajo, conceptos arquitectónicos y de planificación.
El documento del 2004 asevera que el vicerrector de administración es el encargado de coordinar la comisión. Carlos Araya Leandro se desempeñó como vicerrector de administración de la UCR entre el 2012 y el 2020.
“Esta comisión se reunirá ordinariamente en la primera semana del mes de octubre de cada año y periódicamente cada tres meses; también, podrá ser convocada extraordinariamente por cualquiera de sus miembros. La comisión será coordinada por el vicerrector de Administración. La comisión no podrá tomar acuerdos contrarios a las disposiciones de esta Resolución, sin la aprobación del rector”, dice el documento del 2024.
