Un grupo de enfermeros y técnicos en radiodiagnóstico del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas realizaron un paro de labores este lunes 23 de marzo.
La medida de presión se toma luego de que la institución ordenara, el pasado 16 de marzo, la eliminación de 32 plazas (30 de enfermería y dos de rayos X) en dicho centro médico, según denunció Ronald Quesada, directivo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Quesada explicó que estos puestos habían sido otorgados bajo la figura de “plazas especiales por plétora”, una condición que responde al exceso de demanda de pacientes.

“Esto significa que es por la cantidad exagerada de pacientes que se están atendiendo aquí, con la infraestructura del hospital y con las plazas que se dieron, el personal no está alcanzando principalmente, y me refiero a las plazas de enfermería y dos de rayos X”, explicó Quesada.
En total, son alrededor de 100 funcionarios que participan del movimiento; sin embargo, afirmaron que un grupo quedó laborando para garantizar la atención a los pacientes.
Actualmente, los trabajadores aguardan los resultados de una reunión virtual entre autoridades hospitalarias y regionales.
“Demandamos inmediatamente la participación de las autoridades superiores para que se sienten con nosotros aquí a abrir una mesa de negociación y resolver este asunto, porque de inmediato necesitamos que esas plazas se restablezcan o una figura relacionada pero que se cubran los servicios. No es nada más así de llevarse 32 plazas y aquí la cantidad de pacientes que se atienden sigue siendo mayor”, agregó el sindicalista.

El dirigente advirtió que, de no resolverse el conflicto este lunes, mañana martes se requerirá la presencia física de autoridades del nivel central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por su parte, la CCSS afirmó que el centro médico continúa laborando con normalidad.
Para eso, la Dirección General activó los planes de contingencia para minimizar afectaciones a los pacientes en las áreas de enfermería y técnicos de radiodiagnóstico, mientras que el resto de los servicios se mantienen operando sin interrupciones.
“La dirección general y las autoridades de este hospital se mantienen en la mesa de negociación con los sindicatos para encontrar oportunidades y poder resolver algunas inquietudes de los trabajadores”, explicó Yensy Morales, directora general a. i. del hospital.
Denuncias previas en cardiología
Días antes de que ocurriera este paro de labores, Jimena Araya, cardióloga del hospital, denunció públicamente en sus redes sociales una serie de irregularidades dentro del centro médico.
“Llevo ya dos años y algo pensando en hacerlo o no y siempre hay algo que me detiene, (...) y creo que ya llegó el momento porque pese a denunciar a múltiples sectores no pasa nada y entonces me hace preguntarme: ¿realmente quién tiene el poder aquí?“, expresó Araya.
Dentro de las irregularidades denunciadas están:
1. Presunta priorización irregular de pacientes: Araya señala que pacientes provenientes de consultas privadas habrían sido atendidos con prioridad para procedimientos como cateterismos, mientras otros pacientes del sistema público permanecían en lista de espera por semanas o meses.
2. Listas de espera prolongadas y falta de seguimiento: La especialista denunció casos de pacientes que, tras eventos cardíacos graves, habrían esperado hasta tres años sin ser valorados nuevamente por cardiología.
3. Ausencias y llegadas tardías de personal médico: Según su testimonio, algunos especialistas no cumplirían con horarios establecidos, llegando tarde o retirándose antes de tiempo, lo que provocaría cancelaciones o atrasos en consultas.
4. Incumplimiento en disponibilidades médicas: Araya indica que médicos asignados a guardias de disponibilidad no acudían al hospital pese a ser requeridos, postergando la atención de pacientes para el día siguiente.
5. Alteración de registros médicos: La cardióloga afirma que en algunos casos se habría consignado en expedientes que pacientes fueron valorados por médicos que no se presentaron.
6. Cobros irregulares y posible uso indebido de recursos: Araya menciona que funcionarios habrían cobrado por estudios médicos o facilitado procesos a cambio de pagos, además de coordinar atención prioritaria para pacientes específicos.
7. Negligencia médica en diagnósticos y seguimiento: La especialista expuso casos de pacientes con enfermedades que, según indica, no habrían sido detectadas o tratadas a tiempo, lo que habría derivado en complicaciones graves.
8. Presunto tráfico de influencias: La cardióloga indica que un procedimiento médico habría sido asignado a un familiar de un funcionario sin cumplir los procesos de priorización establecidos.
9. Fallas en atención de emergencias: Araya cuestiona el manejo de pacientes en el servicio de emergencias, incluyendo altas médicas que no correspondían a la condición del paciente.
10. Falta de respuesta institucional: La especialista afirma haber elevado los señalamientos ante distintas instancias, sin que, según su versión, se hayan tomado acciones efectivas.
Tras hacer pública su denuncia, Araya aseguró haber recibido reportes de casos específicos en los que pacientes que solicitaban atención en cardiología habrían sido informados por los médicos señalados de que debían pagar como si se tratara de un servicio privado para poder ser atendidos.
