Licitaciones públicas. Son el mecanismo que las leyes señalan como el ideal para realizar la mayoría de las contrataciones estatales.
Las licitaciones están concebidas como garantía de transparencia porque obligan a las instituciones a: anunciar los concursos, dar igualdad de oportunidades a los interesados, hay competencia (comparación de ofertas), la posibilidad de apelar ante errores, etc.
Todos estos pasos consumen más tiempo que otros mecanismos de contratación. De acuerdo con la Contraloría, en promedio una licitación puede tardar en total unos 240 días. No obstante, a veces dura más porque se encuentran errores en los procesos, y estos se atrasan o deben reiniciarse.
Compras directas. Están previstas para situaciones excepcionales, en las que se cumple una serie de condiciones como que solo un proveedor pueda dar el bien o servicio, los precios sean razonables, y otros.
Para realizar una, el contratante a veces solo requiere de aceptar la oferta de una empresa y elaborar algunos estudios que, a su criterio, justifiquen el uso de la compra directa.
Está permitido hacer compras directas si los montos son menores de ciertas sumas, indicadas por ley para cada institución compradora (según su presupuesto), pero la Contraloría dice que se están dividiendo algunas compras grandes en pequeñas para poder usar este tipo de contratación, lo cual está expresamente prohibido por ley.
Una compra directa ronda los 62 días en realizarse (aunque algunas, por sus incongruencias con la ley, han durado más que una licitación).
Otros mecanismos. La ley también prevé la utilización de otras vías de contratación, como licitación por registro (toma unos 225 días y se invita a empresas registradas como posibles proveedores); la licitación restringida (dura unos 163 días y se invita a al menos cinco proveedores).
Fuente: Contraloría General de la República y Ley de contratación administrativa.