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Sacramento, un poblado de 150 habitantes asentado en las faldas del volcán Barva, ocupa parte de una franja de tierra protegida mediante una ley de 1888 que aún sigue vigente.
En una condición similar están pequeños caseríos y dueños de fincas que se hallan ubicadas en las partes altas de Heredia y Alajuela.
La centenaria legislación, emitida por el entonces presidente Bernardo Soto, declaró inalienables las montañas donde se originan las aguas que abastecen a Heredia y Alajuela.
Esto incluye un área de 2 kilómetros de ancho a ambos lados de la cima de la montaña del volcán Barva, y la zona que se extiende entre el cerro Zurquí y el cerro La Concordia (Guararí).
Los vecinos de Sacramento, dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería, aseguran que adquirieron las tierras sin saber que era un área protegida.
Ahora viven una incertidumbre. “El trazo que ubica al cerro Concordia y los 2 kilómetros adicionales de protección no ha sido el más correcto”, aseveró Jorge Póveda, quien llegó al pueblo hace 20 años y es miembro de la Asociación de Desarrollo.
Póveda comentó que, desde el pasado mes de junio, los vecinos de Sacramento se organizaron para informarse bien y buscar una solución.
Ley vigente. Un estudio de la Procuraduría General de la República, de setiembre del 2004, determinó que la ley de 1888 no fue anulada por una legislación posterior.
Tampoco se le aplicó una derogación tácita pues no se encontró ninguna ley que contradiga lo decretado por Bernardo Soto.
“Al contrario, del estudio realizado se puede apreciar que ha sido manifestación expresa del legislador seguir protegiendo los recursos naturales en esa zona”, concluyó la Procuraduría.
La opinión fue emitida ante una consulta hecha por el entonces diputado Quírico Jiménez.
El dictamen de la Procuraduría señala que las tierras con 10 o más años de posesión, antes de emitida dicha ley, no están afectadas.
Por tanto, solo haciendo un estudio registral de cada finca se podría demostrar si es zona inalienable.
Jiménez, quien hoy labora en el departamento de Gestión Ambiental de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) , comentó que la zona protegida abarca unas 7.000 hectáreas.
Agregó que más del 80% de esas tierras están protegidas pues forman parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y la Reserva Forestal Cordillera Volcánica Central.
“El Ministerio de Ambiente y Energía y demás autoridades de Gobierno deberán buscar una alternativa para hacer cumplir la ley en el resto del área. Claro está, no estoy pidiendo sacar a nadie de su casa”, comentó Jiménez.
Reacción municipal. Por su parte, algunas municipalidades heredianas acordaron, con base en la vieja ley, no otorgar permisos de construcción en dicha zona.
La medida pretende proteger las fuentes de agua, señalaron representantes de los ayuntamientos de Heredia, Barva y San Isidro. Incluso, el Concejo de Heredia acordó consultarle a la Procuraduría sobre el procedimiento para recuperar el área protegida, inscrita hoy a nombre de particulares. Colaboró, Francisco Angulo.
