EscucharAl concluir su último período de sesiones del 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, dictó una serie de medidas de protección en favor de cinco trabajadores de la emisora televisiva Radio Caracas Televisión (RTCV).
Este tribunal internacional ordenó al Estado de Venezuela tomar acciones para proteger la vida, integridad personal y la libertad de expresión de los comunicadores Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos y Argenis Uribe.
Demandó investigar las “agresiones” de las que los periodistas fueron víctimas e identificar a los responsables.
El caso fue planteado ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupada por el “aumento progresivo y significativo de amenazas y ataques contra los periodistas” este año.
De acuerdo con información en poder de la Corte, los hechos se originaron desde enero pasado cuando el grupo fue agredido en el ejercicio de sus funciones por un grupo personas que los rodearon, golpearon y ofendieron.
Desde entonces la Comisión solicitó al Estado de Venezuela brindarles protección a los comunicadores.
Grupo vulnerable
No obstante, los actos de “hostigamiento, ataques físicos y amenazas” continuaron, convirtiendo a los comunicadores sociales en un grupo que es vulnerable dentro del contexto político actual de esa nación suramericana.
Este constante peligro motivó a la Comisión a elevar a la propia Corte la fijación de estas medidas, a las que Venezuela está obligada como uno de los países ratificante de la Convención Americana desde agosto de 1977.
Con esa ratificación, el Estado venezolano reconoció la competencia de la Corte Interamericana y tiene un deber de respetar los derechos y libertades que ese tratado reconoce, así como garantizar el libre y pleno ejercicio de toda persona.
El informe sobre el cumplimiento de tales medidas debía darse este mismo mes.
En este período de sesiones, el Tribunal también ordenó al Estado de Venezuela proteger a los integrantes del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989.
Asimismo se dictó una sentencia de reparaciones en el denominado caso Las Palmeras que se llevó contra el Estado de Colombia y la sentencia de fondo en el caso Cantos contra el Estado de la República de Argentina.
