Los funcionarios públicos elegidos popularmente, podrían también ser denunciados y castigados por acoso sexual, si avanza un plan de reforma a la normativa que regula esta materia y que se estudia en la Asamblea Legislativa.
En la ley vigente, no se especifica el órgano competente para sancionar a los funcionarios elegidos popularmente que sean denunciados y encontrados culpables de hostigamiento sexual, por ello se impulsa una variación para clarificar la sanción y determinar quién la establecerá.
Constantino Urcuyo, exdiputado y gestor de la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (vigente desde marzo 1995), manifestó que esta variación es oportuna y ayuda a fortalecer la normativa.
Por su parte, la congresista Vanessa Castro miembro de la Comisión de la Mujer ente que evalúa los cambios en esa Ley explicó que esta reforma es parte de un paquete de proyectos para dotar de mejores instrumentos legales a la mujer con la finalidad de que defienda sus derechos.
"Aunque la ley de acoso aplica tanto para hombres como para mujeres, las estadísticas demuestran que son mayoritariamente las mujeres las víctimas de este tipo de agresión", agregó Urcuyo.
Pero los cambios a la citada legislación van más allá y pretenden también definir claramente que no es necesario que exista una relación de subordinación para que califique como acoso.
Eso permite que tipifique en relaciones horizontales, por ejemplo compañeros de trabajo y también que el acoso se establezca por parte de un subordinado hacia su superior.
Asimismo se pretende especificar que el acoso se puede presentar en el ámbito laboral o educativo y no estrictamente debe mediar una relación laboral o educativa.