EscucharUna queja contra magistrados y exmagistrados de la Sala Primera fue declarada prescrita y archivada ayer por la Corte Plena, pues tras cinco años ese órgano no abrió la investigación.
Se trata de una protesta contra miembros de esa Sala que participaron en el voto de un recurso de casación de un proceso contencioso-administrativo relacionado con la expropiación de la hacienda Santa Elena, en La Cruz, Guanacaste.
Ese reproche fue planteado por el abogado Miguel Ruiz Herrera, el 31 de marzo de 1997.
Ruiz afirmó, en un escrito del pasado 20 de mayo, que, supuestamente, uno de los magistrados de ese órgano habría adulterado el texto de la sentencia después de que había sido votado.
Según Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, la queja se tramitó contra Ricardo Zeledón y Rodrigo Montenegro.
Esto por cuanto los otros dos participantes en aquella decisión contra quienes se habría dirigido la queja eran según un escrito del propio Zeledón presentado ayer Édgar Cervantes y Hugo Picado.
El primero, expresidente de la Corte, falleció el pasado 11 de mayo, y el segundo se jubiló en abril del 2001.
Ricardo Zeledón citó a estos dos últimos en una carta presentada ayer a la Corte, en la que planteó las defensas de "caducidad o prescripción".
De acuerdo con el artículo 211 de la Ley orgánica del Poder Judicial la investigación en estos casos debe realizarse en un año.
En su misiva, Zeledón agregó: "(...) desde aquella fecha marzo de 1997 la Corte nunca inició el procedimiento y mucho menos resolvió el asunto".
Al consultar a Mora acerca de por qué ese órgano no abrió la investigación en cinco años respondió: "No sabría decirle. Yo no era Presidente en esa época".
La Corte finalmente decidió, por mayoría, archivar la queja.
Ayer no fue posible localizar a Zeledón ni a Montenegro.
Código Penal
La Corte también terminó ayer la discusión del proyecto de Código Penal.
Los magistrados decidieron no hacer ningún cambio en la manera como se tipificó el delito de aborto en la propuesta inicial.
El eje del debate se centró en si se podía o no penar como homicidio la interrupción de un embarazado luego de las 30 semanas de gestación.
Esa cuestión fue presentada por el magistrado José Manuel Arroyo, de la Sala Tercera, para quien, a partir de ese momento, un bebé puede sobrevivir fuera del vientre materno.
La Corte escuchó una exposición del especialista en medicina forense, Jorge María Roldán Retana.
El especialista apuntó la dificultad de determinar, de manera científica, a partir de qué momento un bebé puede sobrevivir fuera del vientre materno.
Señaló que esa posibilidad depende de muchas variables, como la tecnología con que se atienda al recién nacido.
Finalmente, la Corte decidió no hacer un cambio en la tipificación y se mantiene el aborto como la interrupción forzosa del embarazo en cualquier momento.
La Corte concedió un permiso al magistrado Daniel González, presidente de la Sala Tercera para que termine de afinar la redacción de la propuesta.
Deberá presentarlo el próximo lunes a los magistrados, para enviarlo, finalmente, a la Asamblea Legislativa.
